Dictamen de la audiencia “Desinformación, censura y violencia contra los periodistas”

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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

Fundador	Presidente
LELIO BASSO (ITALIA)	FRANCO IPPOLITO (ITALIA)

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO

(2011-2014)

Audiencia final temática sobre

DESINFORMACIÓN, CENSURA Y VIOLENCIA CONTRA LOS COMUNICADORES

Ciudad de México, 17-19 de septiembre de 2014

DICTAMEN

SEGRETARÍA GENERAL: FONDAZIONE BASSO

VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 – 00186 ROMA, ITALIA

TEL: 0668801468 – FAX: 066877774

E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.it – filb@iol.it

Web: http://www.internazionaleleliobasso.it

1. INTRODUCCION

La ambición del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es la de renovar el derecho internacional a partir de las capacidades de respuesta e innovación de los movimientos sociales y ciudadanos. Son los pueblos, los movimientos y sus representantes quienes se apropian del TPP, le presentan sus testimonios, sus pruebas y sus recomendaciones. El TPP, a su vez, se basa en los pueblos para hacer sus sentencias efectivas en la medida en que ellos se las apropian, las ponen al frente de sus luchas y reivindicaciones, así como las utilizan sus propuestas y prácticas.

Las sentencias del Tribunal participan de la renovación y del mejoramiento del derecho internacional al retomar la palabra y la concepción de los movimientos sociales y los ciudadanos y al fortalecer la participación de los pueblos con la legitimidad del derecho internacional.

En el marco de la Sesión sobre Libre Comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México, el Tribunal Permanente de los Pueblos se ha reunido para realizar la audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra los comunicadores, respondiendo a una solicitud de atención, denuncia y justicia formulada por una amplia red de asociaciones, movimientos de jóvenes, trabajadores de la comunicación y periodistas, representantes del mundo académico, así como de medios libres y de radios comunitarias.

Como todas las audiencias temáticas realizadas hasta la fecha, ésta ha sido el resultado de un largo trabajo de investigación y documentación crítica articulado en preaudiencias, foros y mesas de trabajo realizadas a lo largo de los últimos años. Gracias a este intenso trabajo, el tribunal ha podido adquirir elementos de análisis puntuales para reconstruir la situación en México en el seno del contexto mundial actual.

La audiencia sobre desinformación da cuenta de diferentes necesidades que cumplen con la propia misión del Tribunal. En primer lugar, responde a la exigencia de darvisibilidad a la sistemática violación de los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, a la violencia contra periodistas y trabajadores de la comunicación, y a las múltiples formas de menosprecio y discriminación comunicativa contra las radios comunitarias, los medios libres y las mujeres comunicadoras.

En segundo lugar, la audiencia responde a la exigencia de dar voz a la denuncia y a la creatividad de análisis de la realidad de estos actores sociales silenciados y reprimidos. Se trata de brindar un espacio a la expresión de su denuncia y diagnóstico acerca del vínculo entre poder mediático y poder político, la desprotección jurídica y el desvío de poder, la vulneración de sus derechos y la impunidad.

En tercer lugar, la audiencia responde a la necesidad de crear un espacio de interlocución y participación activa con el fin de fortalecer las posibilidades de los comunicadores y, en general, de los defensores de los derechos humanos, de incidir en la opinión pública, para que ésta pueda vigilar sobre el cumplimiento efectivo de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho. En este sentido, cabe destacar que la plataforma social que ha respaldado esta audiencia temática está protaginizada por sujetos propulsores de una práctica de reivindicación concreta de democratización de la comunicación que funda sus raíces en décadas de trabajo político y social. Tanto las violaciones denunciadas, como los procesos de ruptura de esta lógica de violación no son nuevos ni recientes. La intervención del Tribunal se relaciona con una situación de verdadera emergencia, en la que resulta urgente encontrar caminos contra el férreo control mediático que se padece en México, así como arbitrar con premura soluciones para la legítima demanda de justicia, libertad e igualdad de sus ciudadanos.

A lo largo de la audiencia se ha demostrado contundentemente como la falta de acceso real a la información, la concentración monopólica de los medios de comunicación y la violencia contra los comunicadores tienen graves consecuencias sobre los derechos individuales y colectivos de todos los mexicanos y mexicanas. De hecho, los agravios que se han presentado ante del Tribunal tienen vínculos estrechos con las problématicas documentadas y analizadas en audiencias temáticas ya realizadas sobre violencia contra los trabajadores, devastación ambiental o represión a los movimientos ciudadanos, así como con las que están a punto de realizarse sobre violencia de género, guerra sucia y jóvenes. En definitiva, lo que está en juego es el derecho a un futuro para la sociedad mexicana.

Procedimiento y cuadro sinóptico de la audiencia

La Audiencia temática final sobre Desinformación, censura y violencia contra comunicadores se ha desarrollado según el programa en anexo, articulando sesiones de trabajo en cuatro ejes principales sobre monopólios mediáticos, criminalización mediática, violencia contra comunicadores y comunicadoras, exclusión de las radios comunitarias y de la sociedad civil, así como agravios al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión en Internet. Las denuncias correspondientes a las temáticas enunciadas son presentadas de manera sintética en el apartado que sigue.

Las puntuales y detalladas exposiciones que ha recibido el Tribunal han brindado elementos contundentes y análisis útiles para el jurado y la formulación de su decisión. Esta ha sido completada por documentación escrita y multimedia que ha enriquecido la perspectiva de análisis, permitiendo la comprensión de la problématica en cuestión y las implicaciones en materia de democracia, derechos humanos y de los pueblos.

Con este mismo propósito, los miembros del jurado han tenido la oportunidad de hacer preguntas y formular comentarios, posibilitando que los expertos y testigos añaadieran informaciones adicionales y aclararan contenido y el sentido profundo de sus denuncias.

De acuerdo con los objetivos de esta Audiencia, cuya primera acusación fue presentada con ocasión de la Audiencia introductoria realizada en Ciudad Juárez en el mes de mayo del 2012, así como con los objetivos del Capítulo México en su conjunto, los términos de referencia que han orientado la decisión del Tribunal, sus análisis y juicios, se pueden resumir de la siguiente forma:

1. La vulneración de los derechos fundamentales de la mayoría de los seres humanos son consecuencia de un proceso de sometimiento del derecho a las exigencias del mercado y de la economía, que a su vez legalizan la impunidad normativa y estructural que determina una espiral de violencia y negación de la libertad y de la libre decisión de los pueblos.

2. Los tratados económicos son una expresión clave del proceso de reconfiguración de los Estados y de las sociedades. En este sentido, México corresponde a un escenario paradigmático de desviación del poder económico y politíco responsable de la situación de violencia e impunidad que el Tribunal ha venido escuchando en estos años.

3. El bloqueo de acceso a los medios de comunicación y los mecanismos institucionales que atentan contra la libre expresión y el derecho a la información no son hechos aislados sino expresión de una voluntad de silenciar la oposición a los cambios constitucionales e institucionales impuestos por el libre comercio.

Composición del Tribunal

El jurado ha estado integrado por los siguientes jueces:

Marina Forti (Italia), que ha sido Presidenta del Tribunal.

Periodista. Ha trabajado durante treinta años en la redacción del periódico italiano Il Manifesto, donde ha sido corresponsal, jefa de redacción y jefa de servicios en el extranjero. El desempeño de su profesión le ha llevado en numerosas ocasiones a Irán, el sudeste asiático y el sur de Asia. Recibió en 1999 el Premioline por su trabajo Terraterra, historias cotidianas de medioambiente y desarrollo. Es la autora de La signora di Normanda. Le lotte degli sfollati ambientali nel Sud del mondo (Feltrinelli, 2004), libro por el que recibió el Premio de Comunicación Elsa Morante. Su último libro es Il cuore di tenebra dell’India. Inferno sotto il miracolo (Mondadori, 2012)

Aram Aharonian (Uruguay)

Periodista. Desempeña su labor profesional en en diarios, revistas y semanarios de su país. Coordino el diario Noticias y edita en Buenos Aires el periódico La Voz. Fue corresponsal de las agencias Prensa Latina e InterPress Service en Argentina y Venezuela. En este país,dirigió el pool de agencias latinoamericanas ASIN, la publicación político-social mensual Question, el semanario económico Quantum, la Agencia Latinoamericana de Informacion y Analisis2. Autor del proyecto, fue vicepresidente y director del canal de televisión Telesur. Hoy dirige el Observatorio de Comunicación y Democracia (ULAC), la Fundación para la Integracion Latinoamericana y varias publicaciones ciberneticas y graficas. Es autor de los libros Vernos con nuestros propios ojos y La Internacional del Terror Mediático, entre otros textos.

Virgilio Dante Caballero Pedraza (México)

Periodista, antropólogo y profesor universitario. Creador y director de medios de servicios públicos en tres Estados de México: Sonora, Quintana Roo y Oaxaca. Es además creador y director del Canal del Congreso en la Ciudad de México. Realiza desde hace cuarenta años periodismo de investigación en radio y TV. En junio de 2014 la Ciudad de México develó un busto de su persona en el jardín de los Periodistas ilustres. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Periodismo.

Angel Luis Lara (España)

Doctor en Sociología y guionista de televisión. Es profesor de Estudios Culturales en la State University of New York. Anteriormente ha enseñado Sociología en la Universitat Oberta de Calunya (UOC) y en The New School (Nueva York). Es miembro de la Red Internacional de Investigación Ins-Knows Network y del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales del Trabajo ‘Charles Babbage’ de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ha enseñado escritura televisiva en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), la Escuela de Cine ‘Lugar de Cinema’ de Belo Horizonte (Brasil) y el Instituto Cervantes. Actualmente dirige programas de escritura televisiva comunitaria en el Jacob Burns Film Center-Arts Media Lab de Nueva York, así como desarrolla contenidos formativos para la Fundación Telefónica (España) en el Laboratorio de Aprendizajes y Narrativas Audiovisuales en los Ecosistemas Digitales (Telelab).

Gustave Massiah (Francia)

Ingeniero y economista. Ha sido profesor en la Ecole d’Architecture de Paris-La Villette, UPA6. Miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, antiguo presidente del Centro de Investigación y de Información sobre el Desarrollo (CRID), del Consejo Científico de ATTAC y antiguo vicepresidente de ATTAC-Francia. Miembro fundador del Centro de Estudios e Iniciativas de Solidaridad Internacional (CEDETIM) de la Red IPAM (Iniciativas por Otro Mundo) de la Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e Investigadores. Igualmente, ha sido Secretario General de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos. Entre sus publicaciones destacan: La crise de l’impérialisme, con Samir Amin (Editions de Minuit, 1975), Villes en Développement, avec Jean François Tribillon (Editions La Découverte, 1988), Une stratégie altermondialiste (Editions La Découverte, 2011).

2. HECHOS DENUNCIADOS

Este Tribunal escuchó las ponencias de representantes de grupos de comunicadores y asociaciones para la libertad de expresion, de medios de comunicación independientes y de radios comunitarias, de movimientos estudiantiles, sindicales y populares. Los testimonios dibujaron un cuadro muy amplio de violaciones de la libertad de expresión y de ataques a los comunicadores en México.

En el curso de las audiencias celebradas, el Tribunal escuchó a los representantes de la iniciativa #YoSoy132, un vasto movimiento ciudadano protagonizado principalmente por jóvenes, enfocado en la libertad de expresión y la democratización de los medios de comunicación del país. Dicho movimiento nació a raiz de un episodio en que un grupo de estudiantes protestaba por la presencia en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto. El rechazo de la distorsión de los hechos y las calumnias que se propagaron a través de la mayoría de los medios de comunicación comerciales para desacreditar la protesta motivó que los jovenes se movilizaran. Muy pronto “nos dimos cuenta de que lo que estamos denunciando no afectaba solo a nosotros”, declaró una representante de #YoSoy132.

Este movimiento denunció lo que llamaron la “imposición mediática” del entonces candidato del PRI a la Presidencia. Uno de los epicentros más destacados de su acciónfue el edificio de la televisora que encabeza el duopolio comunicativo que domina en México, Televisa. Con amplia documentación los representantes de #YoSoy132 ilustraron el papel de los grandes medios de difusion televisiva en la construcción de una opinión pública favorable al candidato, mucho antes que el proceso electoral comenzara, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Informaron de un convenio entre el candidato y Televisa para promover su figura en noticieros y shows. Dieron amplios ejemplos de lo que definen como “una descarada manipulación mediática” a lo largo del proceso electoral, denunciando “un claro respaldo de Televisa y TvAzteca, o sea los integrantes del duopolio que domina en México, a la candidatura de Enrique Peña Nieto”.

Las representantes del #YoSoy132 señalaron cómo después de sus protestas masivas algunos medios nacionales mostraron un relativo interés en su movimiento. “Esto se terminó con los acontecimientos del 1 de diciembre de 2013”, cuando una marcha masiva que protestaba por la toma de posesion del presidente Enrique Peña Nieto fue reprimida brutalmente por la policía: “Entonces volvió la criminalizacion por parte de los medios”.

#YoSoy132 amplió su critica a los grandes medios televisivos. El movimiento no sólo denunció la desinformación periodística de los medios masivos comerciales, sino también su más amplia producción de contenidos de entretenimiento, telenovelas y cortos publicitarios, además de los comentarios discriminatorios ofrecidos en los talk shows, funcionales a la construcción de un imaginario social conservador («No existe sólo la Virgen de Guadalupe», destacó una de las representantes). Por esta razón, el movimiento no quizo limitarse en su desarrollo a funcionar como “audiencias mediáticas” sino que, haciendo uso del derecho a la libertad de expresión, comenzó a elaborar comunicación alternativa, con formatos y recursos de difusión innovadores basados en la creatividad, dramatización y uso masivo de las redes sociales, canales y herramientas con las que se informaba a la ciudadanía sobre la construcción del poder mediático y su intima relación con el poder político en México.

El movimiento ha ofrecido una argumentada crítica a la reforma de Telecomunicaciones aprobada en 2013, por considerarla insuficiente y ajena a su demanda principal: la democratización de la comunicación en México.

La Asociación Mexicana por el Derecho a la Información (AMEDI) expuso su lucha, a lo largo de tres décadas, por contar con una legislación que garantice el derecho a la información. En su exposición mostraron cómo las recientes reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones abrieron la posibilidad de contener el control monopólico de las televisoras y radiodifusoras; sin embargo, en la legislación secundaria se canceló esta opción.

La criminalizacion médiatica de movimientos ciudadanos fue ilustrada por varias ponencias ante este Tribunal. Es el caso del Movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Salvador Atenco, que se opone al proyecto de contruir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en sus terrenos. La propuesta presidencial de nuevo aeropuerto, presentada en 2001, fue acompañada por una campaña favorable de los medios de comunicación, quienes omitieron presentar el punto de vista de una invisibilizada población local que no tuvo la oportunidad de expresar las razones de su oposición.

Cuando finalmente los medios tomaron nota del conflicto que se estaba produciendo en 2006, coincidieron en descalificar al movimiento “con epítetos como macheteros, vándalos, chantajistas, manipuladores, desestabilizadores, intransigentes e ignorantes, opuestos al progreso y desarrollo”. Las imagenes presentadas en los periódicos relataron en su mayoría únicamente los hechos de violencia, pero “omitían los contextos, causas y actores de los mismos, verdadero origen del conflicto, aunque a veces en páginas interiores aparecían voces a nuestro favor”.

Un video realizado por periodistas independientes presentado a este Tribunal, ilustra el prejuicio común de los medios televisivos, radiofónicos y escritos. En ocasión de un conflicto en las calles de San Salvador Atenco en el mayo del 2006, el documental presenta a comentaristas televisivos que califican como “una verguenza” las protestas e instan directamente a que la policía “termine” con ellas.

Imágenes descontextualizadas de pobladores agrediendo a un policía fueron repetidas incesantemente por las grandes cadenas televisivas, ocultando los demás acontecimientos de esas horas: los allanamientos, detenciones arbitrarias, golpizas, abusos y vejaciones fueron omitidos, así como las responsabilidades. En ningún momento dieron voz a los protagonistas de las protestas. Así, las cadenas televisivas “se erigen en un tribunal mediático que inculpa a los miembros del Frente, exige castigo en un tono que reclama más bien venganza en lugar de justicia legal, incita a la represión y la legitima”, señalaron representantes del movimiento.

La visión de los pobladores de San salvador Atenco acerca del conflicto sólo fue documentada por periodistas independientes o por diarios menos oficialistas. Otro video presentado a este Tribunal documenta la violencia contra las personas detenidas por la policía, así como los abusos sexuales y violaciones que sufrieron decenas de mujeres. Estas imagenes ofrecen un ejemplo documental de la violencia desmedida contra una población que pide respetar sus razones. “Y hoy estamos viviendo de nuevo todo esto”, declaró ante este Tribunal la representate del Movimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Otro ejemplo de criminalización mediática fue ilustrado por representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que contaron ante este tribunal los hechos que llevaron a la liquidación forzada de la Compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, dedicada a la producción y distribución de energía eléctrica en estados del centro de México. Estos hechos fueron acompañados por una campaña mediática en contra del sindicato, creando en la ciudadanía una opinión favorable a la disolución de la compañía.

Durante el conflicto, los medios continuaron con una sistemática difamación y criminalización de los trabajadores de la compañía, acusando a su sindicato de corrupción y de defender “privilegios”, de ser causa de un enorme dispendio de recursos públicos y de las altas tarifas de la energía eléctrica, en lo que constituía “un discurso de odio” y “una guerra sucia” contra los trabajadores y su sindicato, señalaron los declarantes.

Por otro lado, destacaron un ocultamiento de informacion, al no revelar que estaba en juego la privatizacion de la red de fibra óptica de la comapñía Luz y Fuerza del Centro, que de esa forma “pasó ilegalmente a la Comisión Federal de Electricidad, la cual la entregó a empresas privadas” trasnacionales. En este caso, la representación tendenciosa y falsa de los hechos por parte de los medios de comunicación comerciales no sólo criminalizó a un movimiento social, el de los trabajadores afiliados al SME, sino que fue instrumento para propiciar decisiones políticas como la privatización de un bien público.

Otras casos expuestos ante este Tribunal coincidieron en describir una situación gravísima de violencia y de intimidación en contra de los comunicadores en México.

La organización Article19 informó de que durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, lo que implicó un incremento del 59% respecto a 2012. Este es el año con más agresiones documentadas desde 2007. En este 2014, Article19 ha documentado 201 agresiones hasta el 31 de agosto. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 7 periodistas han sido asesinados en el desempeño de su actividad profesional. Además, aumentaron las agresiones a periodistas en contexto de protestas sociales.

Otros dos datos perturbadores llegaron al Tribunal: en 6 de cada 10 casos donde se identificó al perpetrador de agresiones a comunicadores, se trataba de funcionarios de poderes públicos. Además, la impunidad es constante: en el 90% de los casos los responsables no son perseguidos.

El Tribunal atendió relatos de casos emblemáticos en este sentido, presentados por la Red de Periodistas de a Pie en el estado de Veracruz. Uno de estos casos es el asesinato de la periodista Regina Martinez Pérez, en Xalapa, que fue tratado por las autoridades como robo o delito pasional y sin que en ningún momento las investigaciones consideraran posibles causas relativas a su trabajo de periodista: “Se prefirió juzgarla como mujer y no hacer justicia”, afirma la ponencia recibida por este Tribunal. Sin embargo un testimonio escrito por la misma periodista meses antes de ser asesinada señalaba que el “clima de terror en el medio periodístico es en todo el estado de Veracruz”. Los denunciantes ligan estos hechos con una constante situacion de violencia alrededor del puerto de Veracruz, un territorio estratégico de negocios e industria petroquímica que se ha convertido en zona de guerra entre carteles del crimen organizado.

También señalan que la vulnerabilidad de los periodistas se ve acentuada por una situación laboral muy precaria que afecta a un número considerable de los informadores profesionales, así como un éxodo debido a amenazas y presiones de grupos criminales y de funcionarios del gobierno. Muchos comunicadores han sido despedidos luego de participar en protestas y la mayoría de los reporteros no cuenta con un salario fijo ni seguro social.

Hay que añadir que las mujeres periodistas sufren una discriminación específica, como lo testimonió a este Tribunal el grupo Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), que ha registrado 184 casos de violencia contra mujeres periodistas en México entre 2002 y 2013. “La frecuencia de agresiones ha aumentado de manera notable en los últimos años”, añadieron.

La Red Periodistas de a Pie relaciona el aumento de la violecia contra los comunicadores a partir de un factor coyuntural, la llamada estrategia belica de seguridad en el pasado sexenio, así como con varios factores estructurales: la corrupción generalizada en el sistema de justicia, una complicidad entre los grupos mediáticos más poderosos y el poder político construida durante las décadas de hegemonia del PRI, el servilismo de los directivos de los medios y una preocupante falta de capacitación de los periodistas. La apertura democrática de la prensa observable a partir de los años noventa del pasado siglo no llegó a todo el país, afirmó en su testimonio la Red de Periodistas de a Pie, “el resultado es que en el país se extendieron zonas de silencio forzado en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica y qué no en los medios de comunicación locales”.

Completa este cuadro de ataque a los comunicadores y a la libertad de expresión la discriminación sufrida por las Radios Comunitarias y, en general, por el conjunto de los medios comunitarios y de interés social. La oficina mexicana de la Asociacion Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) señaló a este Tribunal la importancia de contar con mecanismos claros y equitativos para la adjudicación de frecuencias radiofónicas, así como garantizar a la comunicación comunitaria y popular mecanismos de sostenibilidad económica.

Sin embargo, hoy la asignacion de concesiones sigue mecanismos discrecionales. La ley confina a los medios sociales a sobrevivir en altas bandas de frecuencias FM: “Un verdadero gueto radioelétrico”, señalaron, tras denunciar que persiste la criminalización de quienes abren una radio sin permiso.

El Tribunal escuchó el caso de la radio Tierra y Libertad, testimoniado por uno de los protagonistas de esta empresa social. La radio nació en 2001, en el marco de un movimiento social de trabajadores y pobladores surgido en los años setenta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Numerosos intentos de solicitud de un permiso de radiodifusión fueron vanos, contó el representante de la emisora Tierra y Libertad. Este Tribunal escuchó un vivido testimonio de cómo una noche de abril de 2008 la policia irrumpió en la comunidad y, después de forzar la puerta de la radio con mazos, sequestró los equipos de transmisión mientras la población local protestaba, en una situación de tensión muy alta. A los pocos días, dos líderes de la comunidad fueron denunciados por uso ilegal de señal sin concesión; el procedimiento judicial llegó hasta la Suprema Corte. “¿Por qué perseguir la única radio comunitaria de Nuevo León? No les gustaba el hecho de que existiera una voz fuera del control del poder», apuntó el testimonio. “La radio era un espacio para hablar de problemas de interés de la comunidad, temas sociales, educación, ayuda entre los vecinos, incluido un espacio para la población indigena en su propia lengua lengua”, añadió.

Finalmente Radio Tierra y Libertad fué autorizada a emitir con solo 22 Watt de potencia, lo que no permite alcanzar más que una zona reducida de la comunidad. Los promotores de Radio Tiera y Libertad llevaron su caso a la Commisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras que se limitan las Radios comunitarias, expresión de comunidades locales con finalidades sociales, una batalla decisiva se está desarrollando en la vanguardia de las tecnologias comunicativas. En juego está el control de Internet y de la telefonía móvil, así como la acumulación y comercialización de la ingentes masas de datos que estos acumulan. El testimonio de la directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Primavera Tellez, ilustró la situación existente en México en materia de protección de la privacidad de los ciudadanos. La ley de telecomuniaciones en vigor en el país desde el pasado julio del 2014 otorga al Estado un control masivo sobre los servicios de Internet y acaba con la neutralidad de la red sujetando a criterios de mercado la gestión del tráfico. El Estado podrá bloquear el acceso a contenidos o servicios en Internet, así como suspender la señal telefonica en casos de seguridad pública y nacional. Además, la ley obliga a los gestores de servicios de telecomunicación a guardar metadatos de los usuarios por un plazo de hasta dos años, proporcionando la localización geográfica en tiempo real de cualquier dispositivo, así como los datos de los usuarios, que estarán a la disposición de agencias estatales sin necessidad de orden judicial. Todo esto perjudica gravemente la libertad de difundir opiniones e información, así como el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

 

3. DIAGNOSTICO

3.1. El poder en el ámbito mediático: Contexto internacional

México juega un papel de experimentación muy grave en la evolución mundial: se trata de una estrategia conducida a escala mundial para imponer un monopolio de poder.

A partir del caso mexicano, las audiencias del Tribunal han permitido identificar los elementos que componen esta estrategia mundial de violación de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la comunicación. Esto incluye: el control de los medios de comunicación por el capital financiero asociado al capital internacional; el monopolio de las telecomunicaciones; la subordinación del poder político al poder financiero; la reducción del papel social y protector de los derechos y de la libertades de los Estados; las políticas económicas y sociales neoliberales; el despliegue ilimitado de un pensamiento hegemónico de violación de las libertades individuales y colectivas y de los valores de la igualdad de las personas; la criminalización de los movimientos sociales, la infiltración de las redes mafiosas; la instrumentalización del terrorismo: la intimidación que ha llegado hasta asesinatos de comunicadores y de aquellos que lanzan las alertas.

La acentuación de la situación está ligada a la naturaleza del sistema mundial y a la formas de acumulación del capital. Lo que se nombra como neoliberalismo es la lógica dominante de la fase actual de la mundialización capitalista; la de la dominación del capital financiero y de la financiarización. Ha impuesto programas de ajuste estructural al Sur y planes de austeridad al Norte restaurando la primacía de los beneficios económicos sobre los salarios. Pero, después de 30 años, esta lógica se ha agotado y la crisis de 2008 ha demostrado la fragilidad de un sistema caracterizado por la explosión de las inequidades y el descalabro geopolítico con la emergencia de nuevos poderes. Para mantener esos privilegios, la oligarquía dominante ha endurecido sus posiciones y expresado su deseo de imponer el monopolio de su poder.

En esta lucha por imponer el monopolio del poder, los medios de comunicación masiva juegan un papel particularmente importante. Constituyen un vector clave para el consumo y la concentración empresarial. Son determinantes para tener acceso al poder y su control. Ocupan una situación estratégica en la imposición y la reproducción de una cultura dominante y de un pensamiento hegemónico. Por todas estas razones, el poder económico y el poder político intentan controlarlos.

Los medios son también empresas. Para controlarlos, basta dominar su capital y sobre todo su financiamiento, la publicidad. Asimismo, se debe reducir el lugar de los medios públicos a través de su privatización y el control de los gobiernos. Es necesario marginalizar los medias comunitarios… y ahora la batalla queda abierta por el control de los nuevos medios digitales.

Los movimientos sociales han revindicado la regla jurídica que plantea la voluntad de una reconquista de la autonomía pública y han demandado que les sean garantizados la libertad de expresión y el derecho de la información, derechos fundamentales que implican la participación ciudadana y el acceso colectivo a la información.

La explosión de inequidades y la acumulación inimaginable de riquezas en un polo, en las manos de 1%, de lo cual habla Occupy Wall Street, le otorga a la corrupción un lugar importante. Esta corrupción se nutre del debilitamiento del control público; se traduce en la infiltración de traficantes y de poderes mafiosos. Y todavía más: se nutre de la especulación y abolición de controles; el riesgo de que se convierta en mafioso el capitalismo global no es insignificante. Las formas de intimidación y los asesinatos se nutren de esta relación.

Las democracias pueden hacer frente a la corrupción, pero la corrupción destruye las democracias. La escala actual de la corrupción conduce a la impunidad, a la reducción de los derechos y a las derivaciones autoritarias o dictatoriales. Esta evolución se ha acentuado por la instrumentación del terrorismo que conduce en nombre de la seguridad al abandono de las libertades y de los derechos considerados como un lujo. La ideología de la seguridad se ha transformado en dominante. Los movimientos sociales destacan la violencia mediática y el terrorismo de estado.

Los medios ilustran las consecuencias de la relación entre lo financiero y lo político. Lo que está en juego es la dictadura del poder financiero y la “democracia de baja intensidad” que es resultado de ello. La desconfianza hacia los partidos y las formas tradicionales de la política se ha generalizado y se expresa a través de la condena sistemática a la corrupción sistémica. La fusión entre lo político y lo financiero corrompe estructuralmente a la clase política en su conjunto. El rechazo de la corrupción va más allá de la corrupción financiera; se trata de la corrupción política.

La subordinación de lo político a lo financiero ha puesto en duda la autonomía de lo político. Lo que los movimientos anticipan es la reconquista del Estado por el interés general, la autonomía de lo político, la invención de nuevas formas de hacer política, una democracia real y profundamente renovada.

3.2. El poder en el ámbito mediático. Contexto nacional

Los testimonios de personas y organizaciones agraviadas dejaron en claro que la relación entre poder político y medios de comunicación se sustenta en una suerte de simbiosis orientada al control, manipulación y sometimiento de una gran parte de la sociedad mexicana, que sólo en contados casos ejerce su derecho a informarse oportuna, veraz y acertadamente de lo que ocurre en el país y en el mundo.

La extremada concentración de los medios de comunicación en unas cuantas manos, dos empresas televisivas nacionales y trece familias que controlan la radio en todo el país, por ejemplo, propicia la sistemática violación del derecho a la información y de la libertad de expresión. El 92% de las señales televisivas está en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa-TV Azteca,que además maneja publicaciones impresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, en el curso de una actividad mercantil ligada a muchas otras empresas de cualidad financiera y bursátil.

Los testimonios recogidos por este Tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder político en México atiende en innumerables ocasiones el mandato que la televisión mercantil impone a los tres Poderes Constitucionales que conforman a una república democrática: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tal relación la complementan tres factores denominados estructurales:

1. La corrupción y la impunidad generalizadas en el sistema de procuración e impartición de justicia: el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo no son siquiera denunciados, y del magro porcentaje de denuncias (2%) más de la mitad no recibe sentencia alguna.

2. Una relación de complicidad entre medios de comunicación y poder político que fue sistemáticamente construida durante décadas de hegemonía de una sola formación política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La apertura democrática ocurrida en los años noventa del pasado siglo con la aparición de la competencia entre partidos, no alcanzó al cuerpo social como un todo, sino que se redujo al ámbito únicamente formal de los procesos electorales. Al mismo tiempo, arraigadas prácticas de control sobre los medios mediante el uso discrecional de la publicidad oficial, han significado para éstos formas de sometimiento y de servilismo. La ausencia de organizaciones gremiales de periodistas, fenómeno complejo y difícil de comprender, apuntala que los comunicadores reproduzcan en su tarea cotidiana ese mismo fenómeno.

3. Una precaria profesionalización y una limitada capacitación de los comunicadores que vulnera su situación laboral. En promedio un periodista gana en México entre 300 y 400 dólares al mes, o cobra por nota 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades a veces tiene hasta tres trabajos o redacta hasta diez notas por día. Los dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son los principales obstáculos para la capacitación de sus reporteros y la mejora de las condiciones laborales.

En este panorama, el poder de la televisión y de la radio de carácter mercantil esgrime su poder formador y modelador de personas y formas de vida a través de la divulgación de modos de subjetivación y discursos de verdad que abarcan todos los aspectos de la vida cotidiana. La exaltación del “éxito personal”, el egoismo y la egolatría; el desprecio por la gente considerada “de abajo” (pueblos originarios, trabajadores y pobres, gais y lesbianas, así como todo tipo de diversidades; y, sobre todo, una constante modelación de la mujer a partir de estereotipos y valores profundamente conservadores y estigmatizantes). En este sentido, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de las Discriminaciones (CONAPRED), los medios masivos contribuyen a reproducir todas las formas de discriminación que en México se practican desde el período colonial.

Las acusaciones y testimonios que este Tribunal tuvo la oportunidad de conoceer documentaron que este contexto mediáco se relaciona con monopolio político ejercido durante más de ochenta años por el Partido Revolucionario Institucional, hoy nuevamente en el poder presidencial, formación que entregó frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad a unos cuantos de sus amigos y aliados. Así, desde los años cincuenta del pasado siglo, la televisión se convirtió en la herramienta del régimen para contener y reprimir la protesta social, criminalizándola y exigiendo para ella la represión y la cárcel. Al mismo tiempo, la comunicación televisiva se convirtió en la plataforma fundamental para la producción y socialización de formas de vida e inclinaciones morales acordes con el credo ideológico y el modelo de sociedad impuesto desde las instancias de gobierno del país y los grupos económicos dominantes.

No exageraba el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, cuando dijo a la revista “Proceso” que él y Televisa eran “soldados del Presidente y del PRI”. Sin embargo, la relación se invirtió, según los testimonios basados en estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana: de ser Televisa y su dueño soldados del Presidente, a ser el Presidente soldado de Televisa junto con los otros poderes constitucionales (Legislativo y Judicial). Tampoco es casual que del consejo de administración de Televisa formen parte los empresarios más poderosos del país y otros de talante transnacional, como Bill Gates y el consorcio Black Rock, que representa a las Siete Hermanas del Petróleo mediante el control del 10% de las acciones de la empresa televisiva.

La llamada Ley Televisa de 2006, que entregaba de hecho la propiedad del espectro radioeléctrico a Televisa y a TV Azteca, así como la reciente reforma de telecomunicaciones que derivó en un fiasco para los esperanzados en que el entendimiento de la hegemonía estatal del poder se sobrepusiera a la de los medios, son hechos contundentes en ese sentido.

Para comprender el origen de la reforma en telecomunicaciones consumada en julio de 2014 es indispensable considerar lo que representó en el contexto que se describe la rebelión ciudadana de 2012, protagonizada por el movimiento #YoSoy132. Por primera vez en la historia de México, multitudes ciudadanas tomaron las calles reclamando la democratización de los medios de comunicación y el fin del control priísta de la sociedad. Los testimonios espuestos por el movimiento #YoSoy132 en esta audiencia desplegaron en detalle los episodios que originaron y se sucedieron durante esas importante movilizaciones democráticas. A tenor de dichos testimonios, el regreso del PRI a la presidencia y la reciente reforma democratizadora de los medios acometida durante el verano de 2014, ha resultado un nuevo fiasco político que consolida el poder del monopolio televisivo y abate, aún más, a las radios comunitarias e indígenas surgidas en los últimos treinta años a lo largo y ancho del país.

A lo largo de 2013, se intensificó la lucha por lograr una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Cuando el gobierno federal anunció su intención de promover una reforma, más de 300 organizaciones y alrededor de 200 personalidades apoyaron una iniciativa, que recogía muchos de los planteamientos que habían sostenido la AMEDI y otras agrupaciones de la sociedad civil a lo largo de sus muchos años de pugnar por la democratización de los medios. La reforma constitucional, en efecto, enunció varios de los temas que reclamaban las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en 2014, cuando se aprobó la legislación secundaria, en ella se limitaron los derechos y se cancelaron los avances asentados en la Constitución. Los legisladores impusieron normas restrictivas a espaldas de las protestas multitudinarias, que dieron lugar a la formación del el Frente por la Comunicación Democrática, a intensas campañas virtuales y a una cadena humana que cercó los sitios emblemáticos de los poderes político y mediático en la ciudad de México.

La reforma en telecomunicaciones promivida por el sistema de partidos en México y las industrias mediáticas, concebida aparentemente como un intento de disminuir el poder paralelo de los monopolios de la radiodifusión y de la telefonía, contribuye decisivamente al arrinconamiento y marginalización de los medios de carácter comunitario y de cualidad social al margen de la racionalidad del beneficio económico y la comercialización. A las radios comunitarias e indígenasseles ha impuesto exigencias semejantes y aún más estrictas que a las concesiones privadas para obtener una frecuencia en el espectro o para conservarla. En este sentido, es ridícula la potencia de veinte watts que se les concede para transmitir, por ejemplo, mientras se les niega toda posibilidad de acceder a recursos publicitarios que permitan su sostenibilidad. Una auténtica trama jurídica y administrativa que, junto a la hostilización, la persecución de radialistas, la agresión policíaco militar o de grupos vandálicos, atrapan y ahogan a los proyectos comunicativos de carácter comunitario.

La legislación secundaria en materia de telecomunicaciones canceló, en los hechos, la posibilidad de regular a los monopolios mediáticos. La declaración de preponderancia (es decir, el carácter de monopolio) se estableció por sector, de tal modo que sólo puede haber dos empresas que cumplan esta condición: en radiodifusión y en telecomunicaciones. Así se encubrió a los monopolios que prevalencen en cada sector, sea en radio, televisión abierta, televisión por cable, telefonía, internet, etc.; tanto como a la propiedad cruzada que prevalece en manos de muy pocas empresas, destacadamente de las que conforman el duopolio televisivo: Televisa y Televisión Azteca. De aquí resulta que, aunque el Grupo Televisa acapara alrededor de 62 por ciento del mercado de la televisión de paga en el país, sus empresas quedan protegidas por la norma contenida en la nueva legislación.

Las reformas aprobadas en el verano de 2014 contravienen varios puntos relevantes que se introdujeron previamente en el texto Constitucional. En primer lugar, la Constitución establece los derechos de las audiencias, pero no existe ningún mecanismo para hacerlos valer y protegerlos; la ley simplemente los sujeta a los “códigos de ética” de los propios concesionarios. En segundo lugar, se limitaron las atribuciones del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que debiera ser autónomo. En tercer lugar, la ley omite la regulación de los medios públicos, que según el texto constitucional deberían de contar con independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Amén de apuntalar el monopolio mediático, la reforma asegura y dota de legitimidad jurídica a la vigilancia masiva de Internet por parte de las autoridades, así como recoge esplícitamente el control de la telefonía celular y fija, la fibra óptica, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real y, eventualmente, la potestad gubernamental para bloquear por razones de seguridad nacional la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social, pudiendo censurar previamente contenidos de Internet. Según el nuvo marco jurídico en materia de comunicación, los concesionarios, es decir, las empresas, están obligadas a prestar esos servicios de espionaje y localización a petición de diversas autoridades, pero sin que sea requisito contar con una orden judicial, y viendose obligadas a conservar los datos de los usuarios al menos por dos años.

3. Ecosistema de la comunicación

La sucesión de casos que este Tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar en las diferentes audiencias celebradas en torno al problema de la comunicación y a la cualidad de los ecosistemas mediáticos actuales en México nos ha dibujado una cartografía compleja y precisa del estado de la cuestión. La profundidad, variedad y solidez de los testimonios recogidos aportan un diagnóstico inequívoco sobre la gravedad de la situación de la comunicación social y mediática en el país.

Dicho diagnóstico posee un carácter estructural que pone en relación la cualidad de los ecosistemas mediáticos y la práctica comunicativa en México con un cuadro general de país que se despliega en al menos dos niveles de análisis: por un lado, la relación de los ámbitos comunicativos y las industrias mediáticas con la esfera económica, a partir del modelo de acumulación de capital imperante no sólo en el ámbito local mexicano, sino en el conjunto de la economía-mundo; y por otro lado, la relación de la comunicación social y mediática con el problema de la democracia y los derechos humanos en México. El resultado de la combinación de ambas esferas a partir de los testimonios y pruebas recogidas por este Tribunal no deja lugar a dudas: México afronta una situación gravísima en materia comunicativa y mediática caracterizada por un déficit democrático extremo, un gravísimo ataque sistemático a los derechos humanos y una constante vulneración de los principios esenciales del Estado de derecho.

En la esfera económica, la situación de la comunicación social y mediática en México aparece ligada directamente a la cualidad de un modelo de acumulación de capital que bascula sobre un proceso general de liberalización en todos los sectores de la economía, de intensificación de las desigualdades sociales y de dramático vaciamiento del sector público en el desarrollo económico del país. El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994 y que presenta como singularidad las profundas asimetrías entre los signatarios, ha sido determinante en la configuración de un flujo constante de reformas estructurales cuyo resultado es un modelo de acumulación basado en la práctica del despojo por parte de los poderes económicos, una intensa concentración de la riqueza y una dramática pérdida de la soberanía. Este cuadro de situación encuentra en el campo mediático y de la comunicación uno de sus enclaves fundamentales.

Como hemos visto en páginas anteriores, la configuración de un duopolio mediático protagonizado por las compañías Televisa y TV Azteca determina la existencia de un ecosistema mediático caracterizado por una intensa y evidente concentración de medios. Ambas empresas poseen el 90% de las concesiones del espectro radioeléctrico de México y protagonizan una pauta de imposición mediática que domina el conjunto de las industrias locales de la comunicación. Se trata de una producción y gestión de la comunicación social y mediática de carácter privado que no sólo incide sistemáticamente en la conversión y reducción de la comunicación en fuente de negocio, afectando de manera dramática a la propia naturaleza de la comunicación como bien social y público, sino que da lugar a un monopolio de la producción de información que genera la supremacía de un único discurso de verdad en la sociedad mexicana. Este hecho atenta gravemente contra la libertad de expresión e instala a las industrias mediáticas mexicanas en la práctica sistemática de un profundo déficit democrático.

El monopolio mediático sobre la producción y circulación de la información no sólo descansa en una alianza explícita entre el poder político y el poder económico, tal y como hemos expuesto con anterioridad, sino que convierte la actividad mediática en un flujo constante de legitimación del modelo económico imperante, así como de estigmatización de todo sujeto o proyecto que esgrime una práctica y una racionalidad que difiere del discurso dominante. A partir de los testimonios recogidos a lo largo de las diferentes audiencias celebradas en torno al problema de la comunicación y de las industrias mediáticas, este Tribunal ha podido constatar que el carácter monopolístico de la producción y circulación en México afecta dramáticamente a la calidad de los contenidos mediáticos y de la información periodística, que lejos de dar cuenta de la realidad del país, aparecen sujetos a una constante estrategia de producción de lo que los expertos en comunicación denominan como hiperrealidad, es decir, la generación mediática de una realidad inexistente o de una falsedad que pasa por auténtica. Esta pauta mediática deja a la sociedad indefensa frente a un único discurso de verdad que, lejos de presentar un carácter democrático, determina la existencia de un ecosistema mediático de índole netamente totalitaria.

No obstante, la relevancia de la relación entre comunicación y esfera de la economía no sólo remite en México al papel central jugado por las industrias mediáticas en la legitimación del modelo de desarrollo económico imperante, sino que descansa sobre el valor económico que la propia comunicación posee en el actual modelo de acumulación de capital. Dicho modelo de acumulación, apoyado en el desarrollo de las tecnologías electrónicas y digitales, así como de Internet, implica un modo de producción y de valorización económica en el que la acumulación de capital bascula cada vez más sobre la producción y circulación de signos y bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, la atención, la imaginación, las interacciones sociales, la construcción de sí de los individuos y el psiquismo social. La preeminencia de este modelo económico en México, que podemos denominar como semiocapitalismo, se expresa en la relevancia integral que el duopolio protagonizado por las compañías mediáticas Televisa y TV Azteca posee sobre el conjunto de la economía mexicana, así como en el crecimiento constante experimentado por el sector de la llamada “información en medios masivos” en el conjunto del Producto Interno Bruto de México, al que hay que añadir el impacto económico y el volumen de negocio del conjunto de las industrias culturales en el país.

De esta forma, México funciona como un laboratorio paradigmático en la configuración de un proceso general de reestructuración del modelo de acumulación de capital que no sólo descansa en una liberalización y privatización de la esfera mediática, sino que pone de manifiesto la tendencia paulatina del capitalismo a recombinar sus núcleos de poder situados en las estructuras de producción de bienes y servicios materiales, con la relevancia económica cada vez mayor de las estructuras productoras de signos, subjetividad y sentido, sobre todo en el campo de la comunicación mediática. La evolución del sector mediático y de las industrias culturales en su conjunto pone de manifiesto que la producción de subjetividad no constituye únicamente el soporte ideológico para la reproducción del modo de producción imperante, sino que cada vez más se está convirtiendo en un objeto fundamental del mismo: las industrias mediáticas en México subrayan hasta qué punto la producción de subjetividad y la comunicación se han mercantilizado hasta convertirse en espacio de valorización y de negocio.

En este contexto de mercantilización de la comunicación y de la producción de subjetividad en México, la liberalización del sector mediático ha jugado un papel determinante, incidiendo en la modificación de la propia naturaleza de la comunicación y de los medios masivos de información al arrebatarles de forma dramática su naturaleza de servicio público. El duopolio garantiza que, lejos de realizar una función de servicio público a los ciudadanos y ciudadanas mexicanas, las industrias mediáticas se enfoquen en la producción de un flujo comunicativo que sirve a los intereses de las élites económicas y políticas del país, al mismo tiempo que se orienta hacia la generación de beneficio económico privado como su fin fundamental. Esta destrucción de la naturaleza de servicio público en el ejercicio de la comunicación y la información, no sólo separa al conjunto de la sociedad del control de la esfera mediática, sino que despoja a los ciudadanos y ciudadanas de su cualidad de usuarios participantes de un servicio, convirtiéndolos en meros objetos de negocio sujetos a los intereses de las compañías mediáticas.

La transformación de los ciudadanos y ciudadanas, en tanto que usuarios y productores de la comunicación y la información mediáticas, en meras audiencias y consumidores, les niega la participación en la toma de decisiones y en la configuración de la cualidad de los contenidos mediáticos. Así, y a tenor de los datos y testimonios recabados por este tribunal, México aparece en nuestros días como un país sujeto a un modelo de comunicación mediática escindido por completo de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad, presentando no solamente un insoportable déficit democrático, sino imposibilitando el propio ejercicio de la ciudadanía. Un modelo que ha abierto una enorme brecha entre el interés general en materia mediática y los intereses particulares de los poderes económicos y políticos del país, configurándose un escenario en el que la sociedad se ve despojada por completo de la comunicación y la información mediáticas.

El cuadro de colapso democrático total que afecta al ecosistema mediático y de la comunicación en México, y que se articula como una suerte de dictadura del modelo de acumulación capitalista imperante, encuentra en la alianza evidente entre poder mediático y poder político uno de sus factores fundamentales. Como ya hemos visto, se trata de una dinámica estructural anclada en el propio desarrollo histórico del país, en el que el régimen impuesto por ochenta años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) jugó un papel determinante en la formación de los medios de comunicación en México, permitiendo que fueran las empresas y los intereses económicos los que impusieran las reglas del juego y, paulatinamente, se apropiaran no sólo de un bien público, sino de la propia vida pública del país.

La emergencia de TV Azteca en 1993 como fruto de la privatización de Imevisión, un espacio público de difusión, expresa de manera paradigmática la cualidad liberalizadora y privatizadora de la configuración del ecosistema mediático mexicano. No es casualidad que el actual duopolio que controla la comunicación mediática en el país se fraguara dentro de la dinámica general de reestructuración de la economía que desembocaría en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tan sólo un año más tarde de la aparición de TV Azteca. Como resultado de esta dinámica las compañías mediáticas protagonistas del duopolio comenzaron a incursionar en diferentes sectores mediáticos más allá del ámbito televisivo, conformándose en conglomerados de medios que además de concentrar y acaparar la producción y distribución mediáticas en el país, así como incursionar en el mercado global mediante su participación en conglomerados mediáticos internacionales, han penetrado de manera determinante el sector de las telecomunicaciones.

Este desarrollo del sector de la comunicación mediática en México ha tenido en la alianza entre poder mediático y poder político su instrumento más característico, desplegando una racionalidad de constante intercambio entre ambas instancias de poder, a partir de un ejercicio de regulación política y de configuración normativa en favor de los intereses de las empresas mediáticas, que se ha visto correspondido con un flujo mediático e informativo continuo al servicio de los diferentes poderes políticos. Un bucle de monopolio político-económico de la esfera mediática que no sólo imposibilita de manera extrema el desarrollo de la democracia, sino que afecta de forma determinante al ejercicio de los derechos humanos, bloqueando y vulnerando de manera evidente el derecho universal a la libertad de expresión, así como el acceso a una información veraz.

La gravedad del déficit democrático y de vulneración sistemática de los derechos humanos en materia de comunicación e información mediáticas, encuentra en el problema de la violencia uno de sus elementos de mayor intensidad. En el contexto de una destrucción generalizada del tejido social del país, el ecosistema mediático y de comunicación se ve afectado de manera alarmante y dramática por una violencia que posee un carácter dual: por un lado, una violencia directa contra la libertad de expresión y de información que toca de manera más dolorosa a los profesionales del periodismo y a los ciudadanos que participan del denominado tercer sector de la comunicación, fundamentalmente iniciativas de comunicación social de naturaleza comunitaria; por otro lado, una violencia simbólica que impone un discurso, unas narrativas mediáticas y unos imaginarios que diseminan en la sociedad valores, formas de subjetivación, modos de vida e inclinaciones éticas, en definitiva, una cultura, afín al modelo económico imperante y a los regímenes de existencia que éste impone.

En el primer caso, el de la violencia directa contra comunicadores, medios y trabajadores de la información, la situación se presenta como insostenible y de una gravedad extrema. La responsabilidad de los poderes públicos en este clima generalizado de violencia se pone de manifiesto de manera estructural por la implicación, por acción u omisión, de las diferentes instancias del Estado, desde el gobierno de la nación, a las diferentes administraciones federales, el poder judicial o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tal y como se ha señalado en páginas anteriores, el clima de miedo e impunidad en el que se opera la violencia contra periodistas e informadores impone, además, un régimen de censura y de autocensura que establece auténticas zonas de silencio informativo en el país. Todo en un ecosistema profesional caracterizado por una limitada capacitación de periodistas, una falta manifiesta de profesionalización y unas relaciones laborales de marcado carácter precario e inestable.

A esta violencia directa contra los informadores y la libertad de expresión, hay que sumarle la existencia de una práctica mediática de violencia simbólica y de producción de lo sensible que atenaza y encierra la producción y circulación de imaginarios acorde con el modelo cultural hegemónico ligado a los intereses de las élites económicas y políticas del país. Los formatos mediáticos de entretenimiento y las narrativas de ficción ocupan un lugar determinante en esta producción hegemónica de imaginarios que se ancla en la práctica de una constante violencia simbólica que marginaliza y silencia toda forma de subjetivación alternativa y todo ejercicio cultural de disenso. El formato de telenovela, en cuya producción el duopolio Televisa-TV Azteca aparece como referente mundial, constituye en México uno de los fenómenos que de manera más plástica y precisa expresa la cualidad de imaginarios y formas de subjetivación a las que nos referimos. Un formato televisivo que, más allá de su hegemonía discursiva y económica en el campo mediático, demuestra su relevancia simbólica en un país cuyo presidente ha contraído matrimonio con una de las estrellas más importantes del panorama de la telenovela.

Un dato de especial importancia en el cuadro de doble violencia, directa y simbólica, que caracteriza al ecosistema mediático y de la comunicación en México viene representado por el caso particular de la violencia contra las mujeres. Desde 2002 a 2013, tal y como hemos expuesto con anterioridad, se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas. El asesinato de la informadora Regina Martínez en 2012, expresa de manera sintética la cualidad patriarcal de la relación de las autoridades mexicanas con el problema de la violencia contra las mujeres informadoras, a partir de un proceso judicial altamente psicologizado y caracterizado por un tratamiento vejatorio de la víctima. Al mismo tiempo, el plano de la violencia mediática de carácter simbólico subraya la apuesta constante por narrativas y contenidos que convierten a las mujeres en objeto de discursos conservadores y patriarcales. Otros colectivos sociales como los pueblos indígenas o las personas gays y transexuales sufren la misma violencia a partir de una continua práctica mediática de estigmatización y estereotipación.

4. DERECHOS VIOLADOS

De los hechos expuestos, testimonios y pruebas presentadas durante los dos días previos de Audiencia, se desprende la violación de diversos derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en múltiples instrumentos jurídicos regionales e internacionales relativos a la comunicación, la información y los derechos de los comunicadores y periodistas.

El marco normativo nacional se conformaría por los siguientes ordenamientos de Derecho interno:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Ley de Vías Generales de Comunicación

• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

• Ley Federal de Radio y Comunicación

• Ley Federal de Cinematografía

• Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano

• Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

• Ley General de Bienes Nacionales

• Ley Expropiación

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014

• Reglamento de la Ley Federal de Radio y Comunicación

• Reglamento del Servicio de Televisión y Audios Restringidos

• Acuerdo por el que se constituye una comisión intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que dispone el Estado, en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales

Además de observaciones generales, opiniones consultivas, relatorías especiales y resoluciones, el marco jurídico internacional se integra con los siguientes instrumentos firmados y ratificados por el Estado mexicano:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”

• Convención Interamericana sobre Radiocomunicaciones

• Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión

• Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad

• Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad

• Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém Do Pará”

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

• Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

• Convención sobre los derechos del Niño

Asimismo, se ha constatado la necesidad del reconocimiento jurídico y goce efectivo de nuevos derechos y formas de garantizarlos. Además del principio de constitucionalidad y el principio de legalidad sujeto a la interpretación conforma y al principio pro personae, se han violentado:

1.- Para el caso de monopolios mediáticos:

• Libertad de expresión

• Derecho a la información

• Libertad de concurrencia y democratización de los medios

• Derecho a la democracia y al ejercicio democrático del poder

• Derecho al voto libre e informado

• Derecho a la participación efectiva en la deliberación y definición de los asuntos públicos

• Derecho a la gestión transparente de los asuntos públicos

• Derechos digitales

• Derechos de las audiencias

• Derechos de los consumidores mediáticos

• Derecho a la educación

• Derecho a la verdad

• Derecho a la memoria histórica

2.- Para el caso de criminalización mediática de la protesta social:

• Derecho de petición

• Libertad de reunión y asociación

• Derecho a la protesta social

• Defensa social legítima

• Derecho a luchar por los derechos y desobedecer las leyes injustas

• Resistencia a la opresión

• Acceso a la justicia

• Derecho al buen nombre y al honor

• Libertad y autonomías sindicales

• Derecho de réplica

3.- Para el caso de violencia contra comunicadores:

• Libertad de ocupación y profesión

• Libertad de trabajo y ejercicio profesional

• Derecho a la protección de la vida y la integridad de los periodistas y comunicadores

• Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sin discriminación

• Debido proceso penal

4.- Finalmente, para el caso de exclusión de las radios comunitarias y de la sociedad civil:

• Derecho a la comunidad

• Derecho a la identidad comunitaria

• Derecho al desarrollo comunitario

• Derechos culturales y derecho a la cultura

• Derechos comunicacionales y derecho a la comunicación

• Libertad de comunicación

• Derecho a la privacidad

5. JUICIO

Habiendo escuchado las actuaciones generales y las declaraciones y testimonios de las organizaciones y personas que han comparecido ante esta audiencia, y habiendo estudiado minuciosamente la documentación aportada, el TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

CONSIDERANDO

Que la problemática de la falta de acceso a la información -y de ejercer el derecho humano a la información-, la concentración duopólica de los medios masivos y la continua violencia contra los comunicadores afecta muy gravemente los derechos individuales y colectivos de las mexicanas y los mexicanos. La reforma del Estado y la reciente alternancia política en el gobierno no han tocado esta concentración: son los gobiernos, los partidos políticos, los legisladores (por ende, las leyes) se han subordinado a los intereses del duopolio, consolidado con los tratados de libre comercio.

Que la brecha social se acrecenta en un país de enormes desigualdades, que cobija al hombre más rico del mundo y a 50 millones de personas carentes de las condiciones mínimas de supervivencia. Un país que presume de diversidad cultural y lleva adelante políticas de aniquilamiento de sus pueblos originarios, una nación referente por su sus luchas sociales y hoy elimina todo tipo de protesta ciudadana.

Que México ha carecido y sigue careciendo de una regulación normativa incluyente de todos los sectores sociales en materia de los derechos humanos a la información, la libre expresión y la comunicación, donde persiste la aplicación de leyes que alientan un esquema corporativo monopólico, a la vez que criminalizan de manera manifiesta a los ciudadanos, las organizaciones, comunidades, pueblos que luchan por sus derechos.

Que la violencia contra la prensa se ha manifestado en ataques a medios de comunicación con explosivos y armas de alto poder; desapariciones de periodistas profesionales y populares; el desplazamiento y/o exilio de comunicadores por amenazas directas en su contra; autocensura de los medios e infiltración de bandas delictivas en las propias redacciones; vejaciones, asesinatos y desaparición de mujeres periodistas; ataques a usuarios de redes sociales que difunden información sobre la violencia, y toda forma de agresiones físicas y sicológicas tendientes a sembrar el temor y el terror entre los comunicadores. Por ello, la Relatoría de la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU considera a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.

Que en lo que va del siglo, según la Procuraduría General mexicana, 102 periodistas fueron asesinados, 18 han sido desaparecidos y hay un número no posible de identificar desplazados y/o obligados al exilio. Los asesinatos de periodistas se duplicaron durante la presidencia de Feljipe Calderón (2006-2012), cuando la aplicación de una estrategia bélica de seguridad dejó 60 mil personas asesinadas y 10 mil desaparecidas. A ello se suma el aumento de asesinatos y agresiones de defensores humanos, en un país donde se extendieron zonas de silencio forzado, en las cuales los grupos delictivos deciden qué se publica en los medios de comunicación.

Que más de la mitad de las denuncias presentadas por las organizaciones de defensa de la libertad de expresión señalan que los perpetradores de las agresiones contra periodistas fueron identificados como agentes estatales –militares, policías, autoridades locales- y que el 13 por ciento proviene de la delincuencia organizada.

Que la aprobación de mecanismos institucionales de protección de periodistas no ha contenido la escalada de violencia contra comunicadores y mucho menos la impunidad de los agresores, que es la constante durante las últimas tres presidencias. En los primeros nueve meses de 2014 se documentaron 201 agresiones a periodistas, un promedio de una cada 28 horas.

Que a dos años de creada la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el mecanismo no ha actuado y los indicadores revelan un incremento de agresiones y amenazas – físicas, sicológicas, legales y digitales-que ponen en peligro la integridad física, moral y financieras de las periodistas, ya no solo a manos del crimen organizado, sino también por acciones ordenadas y ejecutadas por autoridades locales, estatales o mandos federales contra los trabajadores de la prensa y personas que luchan por la libertad de expresión y el acceso a la información.

Que en los últimos 20 meses, 11 periodistas fueron asesinados en los estados del centro-sur y noreste del país (dos en Tamaulipas y Oaxaca, uno en Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Coahuila, Puebla y Chihuaha). En 21 de los 32 estados se ha denunciado agresiones físicas, robo o destrucción de equipos, detenciones arbitrarias de periodistas mientras realizan su labor, ante la inactividad de las autoridades responsables de la prevención de la violencia.

Que desde 2002 a 2013 se han registrado y documentado 180 casos de violencia contra mujeres periodistas, 60 por ciento de ellos cometidos por servidores públicos, administrativos y policías, incluido el de feminicidio.

Que la reforma constitucional a la Ley de Telecomunicaciones (2013), que generó expectativas entre muchos sectores de la sociedad, fue completada con una legislación secundaria, aprobada en julio de 2014, que canceló dichas expectativas. El Estado, nuevamente, promovió cambios para consolidar el statu quo.

Que la nueva Ley de Telecomunicaciones permite graves violaciones al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a Internet, al obligar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a que proporcionen a las autoridades de seguridad y administración de justicia la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de orden judicial.

Que la criminalización mediática contra personas, grupos o movimientos sociales es una herramienta política para generar opinión, justifica acciones de fuerza y se usa poara encubrir posturas económicas, políticas, sociales, religiosas, ideológicas y/o culturales. Se usa con pretextos de bien común –la patria, la unidad social, el orden, la seguridad, la decencia- pero es empleada como mecanismo de control social para intimidar, descalificar, neutralizar, inhibir, hostigar cualquier conducta que cuestione las expresiones de poder imperante. La criminalización se construye desde los ámbitos normativo, discursivo, de la judicialización de acciones contrapuestas al statu quo, la militarización y la acción policial. Desde los medios de comunicación se usan para señalar, descalificar e invitar a su persecución, omitiendo cualquier consideración a los derechos inalienables de los ciudadanos.

Que muchos informadores y opinadores ejercen desde los medios de comunicación –en especial de los que pertenecen al duopolio- la criminalización y el linchamiento (a veces no solo intelectual) de aquellos que osan reclamar sus derechos, en diatribas donde abundan acusaciones sin prueba alguna, la difamación, la injuria, la incitación al odio y discriminación racial y social y a la discriminación de género.

CONDENA

Al Estado mexicano

Por violar los derechos de libre expresión y a la información. Señalamos al Estado Mexicano como responsable de violentar el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de Telecomunicaciones, favoreciendo al emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía y comunidades a operar sus propios medios de comunicación

Por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TvAzteca a lo largo de las últimas cinco décadas, al grado extremo de que hoy en día este poder fáctico ha comenzado a ejercer funciones que competen al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Por no generar un marco jurídico y reglamentario que asegure el derecho a réplica o libertad de expresión en un sentido más pleno, por no crear una instancia en donde se defiendan los derechos de las audiencias y por hacer un uso abusivo en los controles de las frecuencias radioeléctricas, evitando que comunidades y ciudadanía puedan acceder a ellas, obstaculizando la creación y operación de radios comunitarias y creando con ello una mordaza invisible que atenta contra la libre expresión. Incumpliendo con sus deberes de respeto y garantía.

Por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas distintos movimientos exigían la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico.

Por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra las y los periodistas, permitiendo la impunidad y por participar directa e indirectamente en las comisión de los crímenes denunciados en esta audiencia.

Por no garantizar el cumplimiento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular a las que ejercen el periodismo y por permitir y mantener la impunidad cuando se ejerció violencia contra ellas a través de amenazas, detenciones arbitrarias, delitos de difamación, calumnia o injuria e intimidación y en los casos de violencia feminicida.

Al presidente Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República

Por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos.

Al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral

Por no haber garantizado las condiciones necesarias para promover la realización de una jornada electoral digna de una democracia auténtica y permitir que la candidatura de Enrique Peňa Nieto rebasara los topes legales fijados a los gastos de campaňa de los candidatos presidenciales.

Al Poder Ejecutivo y a las Cámaras legislativas del H. Congreso de la Unión

Por incumplir la disposición constitucional de regular los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio del interés general que limitaran el poder de los actuales poderes fácticos en materia de televisión abierta. Las cámaras legislativas fueron complacientes con dicha propuesta que encubre omisión legal en materia de límites a la concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada, que deja intocados a los actuales consorcios mediáticos, en detrimento de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.

Al Poder Ejecutivo Federal

Por haber enviado una Iniciativa de ley que violenta los Derechos Humanos, como son: la libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, libre acceso a internet y derecho a la privacidad.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Por abstenerse dedecidir sobre la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas.

Al poder legislativo

Por persistir en la criminalización de las y los comunicadores comunitarios, manteniendo vigente el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales para quien haga uso del espectro radioeléctrico sin permiso, permitir su prisión y encarcelamiento.

Al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Por erigirse erróneamente como Tribunal al decidir que lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones no era de su competencia, cuando el anterior Pleno de comisionados si lo hizo ante la Suprema Corte y quienes están hoy como Comisionados no presentaron Acción de Inconstitucionalidad en defensa de la privacidad y datos personales de la ciudadania que sí son de su competencia.

A la Comisión Nacional de Derecho Humanos

Por no pronunciarse al respecto, de las graves violaciones a los Derechos Humanos aprobados en la Ley, por no emitir medidas cautelares adecuadas en tiempo y forma para la protección de los periodistas agredidos y amenazados y por omisión en la investigación de las agresiones perpetradas contra las y los comunicadores.

A la Secretaria de Gobernación

Por usar de forma abusiva el derecho penal para criminalizar y acallar a voces disidentes en las radios comunitarias y en los medios libres.

A los gobiernos locales, como el de Veracruz y el gobierno del D.F.,

Por bloquear el derecho a la información y a la libertad de expresión, por no emprender acciones preventivas de protección, obstaculizar investigaciones y criminalizar a los periodistas agredidos o asesinados.

Al monopolio mediático de las cadenas de televisión Televisa y Televisión Azteca y la Organización Editorial Mexicana y al Grupo Milenio

Por criminalizar la protesta social y cancelar el derecho a la información y la libertad de expresión a través de los siguientes mecanismos: mentir flagrantemente, tergiversar y ocultar información, por no otorgar el derecho de réplica, por generar campañas de linchamiento contra los comunicadores, los movimientos sociales y los sindicatos; por orquestar junto con los gobiernos municipales, estatales y federales una estrategia de legitimación de la represión que implicó violaciones severas a los derechos humanos.

A los sicarios periodisticos de las empresas mediáticas

Por criminalizar a los movimientos sociales y atacar los derechos de los trabajadores.

6. RECOMENDACIONES

En consecuencia con todo lo dicho anteriormente y después de examinar los casos que se presentaron en esta Audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos formula las siguientes recomendaciones.

A las instituciones internacionales, como la Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los Relatores Especiales de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinion y Expresion y de la Comision Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional:

• Que tomen en consideración y analicen los informes periódicos presentados por la sociedad civil mexicana, los movimientos, las asociaciones y los comunicadores y comunicadoras, sobre todo por lo que tiene que ver con la liberad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión;

• Que procedan en las visitas en el país y que se pronuncien contra la sitemática violación de estos derechos, así como en contra de la simulación por parte del poder ejecutivo y legislativo, y de los mecanismos de impunidad normativos y estructural avalados por el Estado;

• Que demanden al Estado mexicano plena garantías para el trabajo de los comunicadores y comunicadoras, de las radios comunitarias y de los medios libres y que, en general, contribuyan a la visibilización internacional de lo que pasa en México, así como del reclamo de justicia que viene de los actores afectados por la violencia sistemica en el País;

• Que velen por la aplicación de sus recomendaciones y sentencias.

A la República de los Estados Unidos mexicanos:

• Que cese de inmediato de la complicidad, la connivencia y la participación de las instancias de gobierno y del conjunto de las autoridades públicas en el hostigamiento, la persecución y el asesinato de periodistas e informadores, así como en la agresión y criminalización de los colectivos y sujetos sociales que trabajan por la democratización de la comunicación y de la esfera mediática, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos.

• Que para ello, que implemente con la mayor brevedad posible una intervención estructural en el conjunto de los poderes y las instancias del Estado capaz de prevenir, perseguir y sancionar convenientemente todas y cada una de las implicaciones de poderes públicos en la comisión de delitos contra informadores y medios de comunicación, así como en la obstrucción del trabajo de los periodistas.ù

• Que el poder público disponga con urgencia de un proyecto de intervención legislativa que ponga fin al monopolio político-económico de la comunicación, con el propósito de contener al duopolio Televisa-TV Azteca y de implementar una inmediata restitución del valor de servicio público a la comunicación mediática.

• Quelos poderes públicos apoyen, promuevan y fortalezcan las experiencias y proyectos de comunicación comunitaria en el país, no sólo garantizando el libre desempeño de su labor, sino contribuyendo con recursos y financiamiento a su desarrollo, siempre desde el respeto total a la autonomía de sus contenidos y sus modos de actuar y en igualdad de condiciones con los sectores privado y público.

• Que promueva la apertura urgente de un proceso profundo de democratización real de la esfera mediática y de la comunicación, cuyo protagonista sea la ciudadanía y en el que se de voz y capacidad de decisión a todos los sectores sociales del país y a todas las diferencias étnicas, de género o de opción sexual que componen la diversidad de México, así como a las personas migrantes y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunicación.

• Que promueva la derogación inmediata de toda práctica y marco jurídico y legislativo que atente contra la libertad de expresión, el acceso y el derecho a la información, el libre acceso a Internet y el derecho a la privacidad.

• Que establezca y garantice la neutralidad de la Red, protegiendo la participación y la conexión de carácter universal, libre y de calidad, sin discriminación, interferencia o limitación alguna.

A la comunidad internacional y a las asociaciones y movimientos en promocion y defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresion y del derecho a la informacion:

• Que inscriban a México en su agenda de actividades inmediatas de vigilancia e informacion, y que presiones las instituciones internacionales y el gobierno mexicano hacia el respeto de estos derechos.

A la Sociedad civil mexicana

Realizamos una petición encarecida a aquellos actores y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la comunicación y de la información para que no cejen en su empeño y propósito de lucha por la democratización de la comunicación y la esfera mediática en México.

En un contexto como el descrito por los numerosos testimonios recogidos por este tribunal, así como por lo expresado en el conjunto de esta declaración, dando cuenta de un profundo déficit democrático, de la ausencia evidente de un verdadero Estado de Derecho, así como de un escenario dramático de violación sistemática de los derechos humanos que cuenta con la permisividad y connivencia de los poderes político y económico, los únicos espacios realmente democráticos y de restitución del valor de servicio público de la comunicación en México son aquellos construidos y defendidos por la sociedad civil en su esfuerzo comunitario por recomponer el tejido social del país.

Para este propósito resulta eminentemente necesario el fortalecimiento de las organizaciones y las redes sociales existentes en el ámbito de la comunicación y la cooperación entre los diferentes sujetos que conforman el sector de la comunicación comunitaria en el conjunto del país, así como la alianza con aquellos actores que dentro de la esfera mediática expresen y demuestren su compromiso con una democratización real de la comunicación en México.

Así mismo, este Tribunal recomienda a las instancias académicas y de investigación, así como al conjunto de la sociedad civil del país, la puesta en marcha de observatorios y auditorías sociales, para hacer el debido y documentado seguimiento al comportamiento de los medios de comunicación estatales, públicos, comerciales y populares, así como dar la necesaria difusión ciudadana a sus conclusiones.