Dictamen de la audiencia temática “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos”

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TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

 Fundador                                                           Presidente

LELIO BASSO (ITALIA)                    SALVATORE SENESE (ITALIA)

SESIÓN

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA

Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN MÉXICO (2011-2014)

Tercera Audiencia temática

Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los Pueblos

Ciudad de México, 19-21 de noviembre de 2013

DICTAMEN

SEGRETARÍA GENERAL: FONDAZIONE BASSO VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 – 00186 ROMA, ITALIA TEL: 0668801468 – FAX: 066877774 E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.it – filb@iol.it Web: http://www.internazionaleleliobasso.it

 

1. INTRODUCCIÓN

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es un organismo internacional no gubernamental que se establece en el año 1979, como institución que tiene como misión específica la de transformar en permanente la función que había sido la de los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976): garantizar un espacio de visibilidad, de toma de palabra, de juicio a las violaciones masivas de los derechos humanos, individuales y colectivos, y a los derechos de los pueblos, que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. Aún después de la institución de la Corte Penal Internacional, que ha excluido de su competencia los crímenes económicos, para muchas y quizás la mayoría de las acciones que se producen o coinciden con la violación de los derechos de vida de poblaciones, no existe la posibilidad formular juicios que tengan efectividad concreta. Es el caso específico de todo el ámbito que se refiere a los crímenes de raíces y mecanismos económicos, que a lo largo de los últimos veinte años se han transformado visiblemente en una de las causas principales y más dramáticas de las violaciones de los derechos humanos y de los pueblos.

La necesidad y la urgencia de una función promotora en este campo ha sido percibida y expresada por una vasta red de organizaciones sociales, comunidades y pueblos de México,  que apelaron al Tribunal Permanente de los Pueblos con el fin de encontrar un espacio de denuncia, visibilidad y análisis de las violaciones y agravios que sufren por la imposición de políticas económicas responsables de mecanismos masivos de negación y exclusión.

La Audiencia temática sobre Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos forma parte de un proceso inaugurado en octubre de 2011, con el objetivo de profundizar y evidenciar la relación entre Libre comercio, violencia, impunidad y derecho de los pueblos, que da nombre a la Sesión sobre el Capítulo México, la cual culminará en la Sesión deliberante prevista a finales de 2014.

Cabe destacar la incuestionable conexión que la presente Audiencia tiene con las Audiencias temáticas pertenecientes al mismo proceso, y particularmente con la que acaba de realizarse en Ciudad de México sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos. Al mismo tiempo, cada Audiencia temática está respaldada por una serie de sesiones del TPP que han tratado los aspectos y los mecanismos más generales y doctrinales de la relación entre la pretensión de autonomía de la economía y la obligatoriedad de los derechos fundamentales, o bien la calificación de sus impactos sobre la vida de las personas y los pueblos reales.

Se trata específicamente de las dos Sesiones dedicadas a las políticas del FMI y del BM (Berlín 1988; Madrid 1994), la Sesión sobre la conquista de América Latina y los orígenes del derecho internacional (Venecia, 1992) y, entre las más recientes, la Sesión sobre Empresas transnacionales y derecho de los Pueblos en Colombia (2006-2008), la Sesión sobre La Unión Europea y las empresas transnacionales en América Latina (2006-2010) y, finalmente, la Sesión sobre Empresas transnacionales agroquímicas (Bangalore, 2011), cuyos análisis de contexto y de impactos han sido tomados particularmente en consideración por los miembros que componen el jurado de la presente audiencia temática.

En este contexto, esta Audiencia aporta nuevos elementos de análisis al Tribunal, por su acercamiento integral al tema del Maíz, vinculado, ante las evidencias presentadas y las reivindicaciones de los derechos negados, a la soberanía alimentaria y a la autonomía, así como evidenciado en la Acusación general presentada al Tribunal con fundamento en los principios reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, carta constitutiva del TPP.

 

Procedimiento y composición del jurado

 

Las audiencias públicas de esta sesión del TPP han sido el resultado de un largo proceso previo de pre-audiencias, realizadas con el fin de documentar los casos a presentar formalmente ante el Tribunal y profundizar las causas, los mecanismos y los impactos del ataque a la agricultura y a la producción independiente de alimentos en México. Las cinco preaudiencias[1] han producido válidas documentaciones remitidas a este Tribunal, cuya articulación entre acusaciones particulares y casos ha sido fielmente reflejada en el programa de la Audiencia temática, que se adjunta en anexo al presente Dictamen.

La amplia participación popular ha permitido que ese complejo proceso de denuncia, resistencia y afirmación del derecho pudiera realizarse. Son más de 1600 personas las que contribuyeron a reconstruir el cuadro de las violaciones y agravios, en representación de los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones que basan su existencia en el cultivo del maíz y en el cuidado de su territorio, respetando la identidad cultural construida a lo largo de los siglos, en función de la generaciones futuras y de la humanidad toda.

Es útil destacar los aspectos innovativos que se han desprendido de esta Audiencia temática, como respuesta al desafío de reproducir y profundizar la complejidad de causas y mecanismos que se esconden detrás de las violaciones cometidas. Estos consisten en el esfuerzo de anudar y tejer la sabiduría que viene de la experiencia directa con la tierra, sus equilibrios y sus ciclos vitales, y el conocimiento científico, partes integrantes e inseparables de este proceso de resistencia y reivindicación contra el desamparo  institucional denunciado por las víctimas.

 

El jurado ha sido integrado por:

Philippe Texier, Francia, quien presidió el Tribunal. Es magistrado honorario de la Corte de Casación de Francia. Fue miembro del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos desde 1987 hasta 2008 y su Presidente desde 2008 hasta 2009. Fue director de la División de derechos humanos en ONUSAL (Misión de la ONU en El Salvador) en 1991-1992, y relator de la Comisión de derechos humanos sobre Haití en 1988-1990.

Andrés Carrasco, Argentina, es jefe del Laboratorio de embriología molecular de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Becario Guggenheim desde 2005 y científico reconocido del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), tiene estudios de carácter epidemiológico y médico que apuntan contundentemente a una asociación clara entre la exposición al glifosato y la creciente aparición de malformaciones al nacer (teratogenias) o efectos en la fertilidad y abortos anómalos en las poblaciones humanas que están cerca de los campos de soya transgénica tolerante a este herbicida en Argentina. Mantiene una crítica fundamentada en una larga carrera científica contra los organismos genéticamente modificados.

Gustavo Esteva, México, es activista y pensador mexicano, intelectual desprofesionalizado, según él mismo se define. Fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, es promotor de múltiples iniciativas de vinculación de esfuerzos de diferentes sectores de la población, en la organización de movimientos sociales y en repensar la idea de la educación, el pensamiento crítico y el post-desarrollo. Ha acompañado y asesorado a muchas comunidades y organizaciones indígenas. Escribe análisis político de las luchas sociales, continuando en sus escritos, de varios modos, la obra de Ivan Illich.

Marcelo Ferreira, Argentina, es abogado. Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto Regular de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigador de la UBA en los temas de memoria, genocidio, empresas transnacionales y terrorismo de Estado. Es miembro de la International Association of Genocide Scholars (IAGS).

Luis Macas, Ecuador, es dirigente indígena, político e intelectual ecuatoriano de nacionalidad kichwa. Licenciado en antropología, lingüística y doctor en jurisprudencia. Es uno de los fundadores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en 1986 y tuvo un rol protagónico en el desarrollo del Primer levantamiento indígena pacífico en junio de 1990, que tuvo repercusiones a nivel nacional y significó la emergencia del movimiento indígena como un representativo actor dentro del quehacer social y político del Ecuador. Obtuvo el premio Goldman 1994, es ex-rector de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, y hoy es director del Instituto Científico de Culturas Indígenas, en Quito.

Pat Mooney, Canadá, es Premio Nobel alternativo (Right Livelihood Award, 1985) por su denuncia de la pérdida de biodiversidad de semillas y el impacto que esto significa para los campesinos y agricultores y la soberanía alimentaria mundial.  Pensador canadiense con una trayectoria de más de 4 décadas de trabajo con la sociedad civil internacional con especial atención en la agricultura, la alimentación y la economía. En 1977 fue cofundador de la organización que actualmente se llama Grupo de acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), organización de la cual es actualmente director, dedicada a promover el desarrollo de tecnologías socialmente responsables que sirvan a los pobres y marginados. También trabaja cuestiones de gobernancia internacional y monitoreo del poder corporativo.

Camila Montecinos, Chile, es agrónoma de formación,  ha trabajado con campesinos la mayor parte de su vida profesional. Desde 2002 es parte de la organización GRAIN dedicada a apoyar a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente. GRAIN recibió en 2012 el Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award), entregado por el Parlamento Sueco, por su trabajo de más de tres décadas, particularmente en la denuncia de los nuevos acaparamientos de tierra. Es también asesora de la comisión de biodiversidad de Vía Campesina, e integra el comité editorial de la revista Biodiversidad, sustento y culturas, publicada en 10 países latinoamericanos.

Jean Robert, México, es arquitecto e historiador suizo que emigró a México desde 1972, es especialista en las incidencias sociales derivadas del transporte y en historia de la técnica. Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Colaboró en los años 70 en el Centro de investigación y documentación fundado por Ivan Illich, Sergio Méndez Arceo y Eric Fromm en Cuernavaca, Morelos. Desde entonces, se ha desempeñado como un intelectual público, publicando ampliamente en tres idiomas sobre las varias formas de la guerra contra la subsistencia llevada a cabo bajo los eslóganes de la modernización y del desarrollo.

Antoni Pigrau Solé, España, es catedrático de derecho internacional público en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es corresponsal en España del Yearbook of International Humanitarian Law, editado por el TMC Asser Instituut, La Haya, Países Bajos, desde 1988. Es Director del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT), desde diciembre de 2007 y Director de la Revista catalana de derecho ambiental desde 2009. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto catalán internacional por la paz (ICIP).

 

 

 

2. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL

 

El contexto internacional

 

Acumulación por despojo – Extractivismo minero, financiero y urbano; acaparamiento de tierras y migración forzada

La acumulación salvaje de los años recientes ha llevado a extremos de desigualdad sin precedente en la historia humana. Las 300 personas más ricas del mundo poseen en la actualidad más riqueza material que las 3,000 millones de personas más pobres. Un pequeño grupo de corporaciones privadas ha tomado el control de porciones crecientes del territorio y la vida en todo el planeta. Las seis más grandes empresas de producción de agroquímicos y transgénicos, por ejemplo, acaparan el 75% de la investigación privada sobre productos agrícolas, el 76% de las ventas de agroqulares en daños a la salud provocados por eso. imicosalimentacituaciñoos en el sentido de destruir la agricultura campesina ya diímicos y casi el 60% de las ventas de semillas y virtualmente 100% de todas las semillas transgénicas.

Una de las formas principales de esa práctica de despojo es el acaparamiento de tierras para la producción agrícola o minera, la extracción de agua, la expansión de las zonas urbanas, megaproyectos diversos, el turismo y deporte de elite. El despojo y privatización ha tomado formas tan variadas como las concesiones estatales a largo plazo y precios ínfimos, la adquisición de vastas extensiones declaradas “baldías”, la privatización y adquisición (muchas veces fraudulenta) de tierras comunales o estatales. Los procesos de acaparamiento de tierra provocan la expulsión o arrinconamiento de comunidades rurales, van aparejados con el acaparamiento de agua y a menudo no se traducen en procesos productivos, ya que suelen tener un carácter meramente especulativo.

Todos estos procesos son fuente de una migración forzada que llega a extremos sin precedentes. Algunas estimaciones llevan a afirmar que la tercera parte de los mexicanos y mexicanas vive actualmente fuera de su país. El fenómeno se reproduce en todo el mundo, caracterizado sobre todo por el flujo de población del sur al norte.

 

La subordinación estructural de países y pueblos a un régimen formal transnacional

En los últimos años, la concertación internacional de acuerdos, tratados y leyes ha cambiado su naturaleza. En vez de ser instrumentos para la convivencia armónica entre los pueblos y para mantener la paz y la justicia en el planeta, se han convertido en medios eficaces para que las corporaciones privadas impongan su voluntad y sus intereses sobre países, pueblos, comunidades y personas, por encima de las legislaciones nacionales, las normas de convivencia y los derechos individuales y colectivos. Como se afirma en el texto de la Acusación general:

Siendo solo parte de las políticas estructurales establecidas por el Consenso de Washington, y siendo el candado que cerró la posibilidad de combatir estas reformas, el TLCAN sirvió de modelo para muchos otros tratados y acuerdos y con los años, tales instrumentos se han refinado en su carácter de servir expresamente al desvío del poder.

Pasados los años y conforme se firman más acuerdos bilaterales o multilaterales, “muchos acuerdos se caracterizan por su amplitud y su carácter abierto y en curso, que obliga a los países firmantes a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender en los años por venir un número indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas y sociales cuyo fin es otorgar condiciones cada vez más favorables a las inversiones de las empresas [...]; constituyen verdaderas reformas legales paulatinas que serán definidas a nivel ministerial, lejos del seguimiento que puedan hacer los parlamentos o la opinión pública de cada país”. Para innumerables investigadores, los TLC son estrategias de “las élites económicas y políticas” para dividir y hacerse de nuevos aliados, nuevos mercados y mayor poder y control”; “abarcan y tienen tantos efectos sobre tantos aspectos” que suele haber la tendencia a coaliciones amplias para luchar contra ellos en todas partes que se quieren instrumentar. En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, estándares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos comerciales o de cooperación, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.

 

Intensificación de la guerra contra la subsistencia autónoma bajo el paraguas del libre comercio y la desregulación

El llamado Consenso de Washington, como se denominó a principios de los noventa al conjunto de políticas que aplicaban en América Latina las instituciones internacionales con sede en Washington, puso énfasis en la desregulación y el libre comercio como condiciones indispensables para reactivar las tasas de ganancia que se habían estancado en las décadas de 1970 y 1980.

Este enfoque ha servido como cortina de humo para disimular la intensificación de una guerra abierta, de carácter criminal, contra la subsistencia autónoma de amplios grupos, entre ellos destacadamente la de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Al despojarlos de sus medios autónomos de vida se les condena a la migración, a la dependencia de programas asistencialistas, a la miseria, a la marginación y a la muerte. Casi mil millones de personas se van todos los días a la cama con el estómago vacío y casi la mitad de la población mundial enfrenta problemas de hambre, desnutrición, sobrepeso o enfermedades relacionadas con la comida. Resurgen enfermedades y epidemias que habían quedado en el pasado; se gastan cada año cuatro billones de dólares en daños a la salud y a las condiciones de vida causados por la cadena agroindustrial.

Según la ciencia occidental, se ha perdido el 75% de la diversidad genética de los principales cultivos del mundo. El famoso efecto-cascada, la perversa ilusión de que la prosperidad de los de arriba se derramará sobre los de abajo, se convierte en lo contrario: una operación-embudo en que fluyen continuamente inmensos recursos de las mayorías al pequeño grupo que está concentrando la riqueza de todos. Para amplios grupos, la política dominante tiene cada vez más un carácter genocida.

 

Desmantelamiento del estado de derecho

Con diversos pretextos, como el terrorismo internacional o el narcotráfico, en todas partes se han estado desmantelando las bases principales del estado de derecho.

Ante todo, se despoja de sus derechos a amplias y crecientes franjas de la población, primero que nada a los pueblos originarios y las comunidades locales, a quienes se trata legalmente como personas fuera de la ley, una contradicción característica del estado de excepción, que sin embargo no se declara formalmente.

El problema actual no se reduce al incumplimiento o violación de las leyes y de los derechos individuales y colectivos, fenómenos cada vez más generales. Un problema creciente es que las leyes mismas, concebidas y formuladas con participación de corporaciones privadas, se redactan para beneficiar a unos y perjudicar a otros, o para garantizar impunidad a quienes cometen toda suerte de crímenes y castigar con penas desproporcionadas a personas inocentes o culpables de faltas menores.

Cada vez más, la maquinaria jurídica está al servicio de los privilegiados y se emplea contra las mayorías, al tiempo que el sistema de representación sufre las más graves distorsiones. Uno de los intentos privatizadores de mayores repercusiones es el intento de privatizar los derechos intelectuales y en particular las semillas, para que patrimonios de la humanidad y de culturas campesinas e indígenas, que representan trabajo colectivo realizado a lo largo de milenios, se conviertan en fuente privada de riqueza para unos cuantos. El proceso, además, tiene un costo ambiental inmenso, hasta poner en creciente peligro la supervivencia de la raza humana.

La privatización dominante abarca también el conocimiento. El establecimiento académico y los conocimientos científicos se ponen crecientemente al servicio de las corporaciones privadas, con respaldo de los gobiernos. Se ha generalizado una jerarquización ilegítima de las formas de conocer, otorgando la posición más alta a la ciencia occidental, a la que a menudo se atribuye el carácter de verdad absoluta. Por mucho tiempo, se descalificaron y menospreciaron los saberes llamados tradicionales que constituyen la ciencia campesina. En años recientes, ante evidencias crecientes de su valor, se les ha estado distorsionando y pervirtiendo al privatizarlos, bajo la pretensión de incorporarlos al sistema de conocimiento dominante.

 

Marco internacional de la alimentación

La Revolución verde, que inauguró una agenda global de investigación agrícola, empezó en México hace casi 70 años, como se describe más adelante. La experiencia mexicana al respecto se globalizó en 1963, en el Congreso Mundial sobre Alimentación en Washington, cuando Kennedy, haciéndose eco de Naciones Unidas, señaló: “Tenemos los medios, tenemos la capacidad, para borrar el hambre y la pobreza de la faz de la tierra en el curso de nuestras vidas; sólo necesitamos la voluntad”. Los testimonios de esta audiencia demuestran claramente que los gobiernos no tienen los medios, nunca han tenido la capacidad, y ciertamente carecen del coraje moral para acabar con el hambre. La única manera de conseguirlo es basarse en la agricultura basada en los campesinos y en la soberanía alimentaria.

Entre 1981 y 1983 México asumió el liderazgo para crear la Comisión de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación y los procesos que llevaron al Tratado internacional sobre recursos genéticos de las plantas para la agricultura y la alimentación, que elevó los centros de origen y diversidad biológica al nivel de responsabilidad con la humanidad y estableció los derechos de los agricultores sobre los recursos genéticos de las plantas. A pesar de ese liderazgo temprano, el gobierno mexicano no logró proteger este centro de origen y diversidad y le falló a sus agricultores.

Igualmente, la comisión de la FAO y el tratado de Semillas le han fallado a los agricultores mexicanos y han abandonado su sagrada responsabilidad de proteger los centros mundiales de origen y diversidad biológica.

El Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT), que lanzó la revolución verde y que posee la más importante colecta internacional de germoplasma de maíz, reunida mediante donaciones de campesinos mexicanos y de todo el mundo, ha eludido sus obligaciones de proteger el maíz en el centro de origen y diversidad, de advertir de los peligros de la contaminación transgénica, y de trabajar con las organizaciones campesinas para erradicar la contaminación y para ofrecer, cuando fuese necesario, que se regresen a los campesinos las variedades tradicionales a fin de que fortalezcan su resistencia.

 

El contexto nacional

 

La ruptura del pacto con los campesinos heredado de la revolución

Poco después de fundar el partido que en sucesivas encarnaciones gobernó el país los siguientes 70 años, el general Calles pretendió en 1929 clausurar el reparto agrario que era un compromiso de la Revolución de 1910 pero apenas había empezado. Quiso, explícitamente, ponerle una fecha próxima de terminación: antes de 1930. La reacción que esto provocó en campesinos e indígenas que todavía tenían las armas en la mano provocó el viraje que llevó a la presidencia a Lázaro Cárdenas. Durante su administración se realizó una de las reformas agrarias más exitosas del mundo y se creó, por decreto presidencial pero intenso trabajo organizativo, la central campesina más grande del continente americano. Al terminar el periodo de Cárdenas, en 1940, estaba en manos de los campesinos, fundamentalmente en la forma de ejidos y tierras comunales, la mitad de la tierra agrícola del país.

El pacto del gobierno y el partido dominante con los campesinos se mantuvo por cuarenta años, así fuese con altibajos y reticencias. Eran su principal base electoral, y ésta se mantenía por la lealtad que la entrega de la tierra había creado en los campesinos.

En 1982, Miguel de la Madrid operó un golpe de estado incruento: desplazó a la vieja clase política, en el poder desde 1928, e instaló en su lugar a un grupo de tecnócratas que inauguraron la política neoliberal.

 

Significado e impacto de la Revolución verde

El vicepresidente de Estados Unidos Wallace acudió a la inauguración del presidente que sucedió a Cárdenas y se quedó por varios días negociando con él. Uno de los principales acuerdos fue financiar, a través de la Fundación Rockefeller, a un grupo de trabajo en la Secretaría de agricultura que con el tiempo gestaría lo que se ha llamado la Revolución verde.

El grupo de investigadores se concentró en el trigo, no en el maíz, y las “semillas milagrosas” que produjeron solo podían operar su “milagro” con un paquete tecnológico al que no tenía acceso la mayoría de los campesinos del país. A pesar de que los principales recursos hidráulicos del país se encontraban en el sureste, en zonas predominantemente campesinas, un 90% de las inversiones públicas en infraestructura agrícola se canalizó por diez años al norte y al noroeste del país, a menudo con gran despilfarro. La “agricultura moderna” que así se forjó tenía un fundamento político claro. En esas áreas, solo era ejidal el 6% de la superficie de cultivo. Los protagonistas de las nuevas explotaciones no serían campesinos ni indígenas, sino rancheros mestizos con criterios gerenciales de explotación.

Cuando la Revolución verde se extendió a zonas campesinas y al maíz ocupó un lugar central de una política que se empeñaba explícitamente en expulsar a los campesinos del campo, para abastecer de mano de obra barata a las ciudades que habían entrado al acelerado proceso de industrialización. Al mismo tiempo, se extendió progresivamente el uso de las semillas híbridas y sus agroquímicos a las zonas de agricultura de temporal tradicionalmente cultivadas con semillas nativas o criollas, es decir, en áreas que no son apropiadas para ese tipo de monocultivo; en muchas regiones apartadas del país, inclusive, la revolución verde llegó en forma tardía (en los años 80) y hasta la fecha se promueve a través de los programas gubernamentales y en las tiendas de insumos agrícolas, contribuyendo a la erosión genética de las semillas, a la pérdida de fertilidad de los suelos y a la contaminación de suelos, cuerpos de agua y alimentos.

La revolución verde contribuyó decisivamente a modificar la estructura demográfica del país. En 1945 vivía en el campo el 75% de la población. México era un país agrario. El empecinamiento de los habitantes del campo, que han defendido su modo de vida contra todo tipo de adversidades, hace que hoy existan en México más campesinos que nunca, pero solo representan la tercera parte de la población. Es cierto que en la gran ciudad de México una de cada tres personas nació campesina y otra es hija de campesinos, pero México se define en la actualidad por su condición urbana, industrial y de servicios y los campesinos, los indígenas y el sector agropecuario tiene poco peso en la estructura de la economía, en la vida política y en la jerarquía social.

 

Desmantelamiento del aparato institucional de apoyo al campo y del sistema jurídico de protección de los derechos campesinos e indígenas

En 1983, en el segundo año de su administración, Miguel de la Madrid anunció que un millón de campesinos dejarían de tener acceso al crédito oficial; al siguiente año agregó otro millón. La decisión de ponerle fin al crédito oficial subsidiario, en todo caso, puede verse como el punto de partida de un progresivo desmantelamiento de un sistema gubernamental de apoyo al campo que había llegado a ser uno de los más amplios del mundo. Es cierto que había mostrado una clara preferencia por los agricultores comerciales que se crearon con la Revolución verde, pero mantenía una derrama continua de recursos sobre la mayoría de los campesinos.

Mediante un conjunto de programas populistas, para los que se utilizaron los recursos provenientes de una amplísima privatización, el presidente Salinas aceleró ese desmantelamiento y en 1992 logró realizar una reforma constitucional que permitió al fin poner en el mercado la tierra ejidal. Salinas anunció que miles de empresarios adquirirían las tierras y millones de ejidatarios quedarían al fin “liberados” de la atadura a ellas, establecida por las disposiciones legales emanadas de la Constitución de 1917. Anque tales promesas no se cumplieron, el agronegocio tomó progresivamente control de una porción sustancial de los ejidos, a través del arrendamiento de tierras y de otros dispositivos.

 

Por supuesto, como se afirma en la Acusación general:

La agricultura y todas las actividades relacionadas con la producción de alimentos en el campo en México son también, a nivel comercial, cruciales para el sustento de millones de familias de agricultores, en particular quienes se dedican al maíz, cuya rentabilidad puede fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria del país si se contara con las políticas públicas apropiadas para lograrlo. Son cruciales también para alimentar, de manera digna, a millones de mexicanas y mexicanos que dependen de las actividades agropecuarias que producen los alimentos que tienen que consumir. Baste decir que el gobierno mexicano ha llegado a despreciar en extremo la seguridad alimentaria de la población mexicana, al respaldar a los cárteles de importación en su compra de cosechas de Sudáfrica y Estados Unidos poniendo en grave riesgo a los productores mexicanos de maíz comercial. Como afirma Ana de Ita: México había iniciado una liberalización unilateral del sector agropecuario desde 1989, como parte de un ambicioso programa de modernización del campo, inscrito en un proyecto general de cambio estructural. La apertura comercial, el retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, fueron los objetivos que orientaron la política agrícola. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) institucionalizó el modelo económico neoliberal y pretendió darle un carácter definitivo e irreversible. Es decir, el TLCAN garantizó que las drásticas reformas estructurales impulsadas en la agricultura se mantuvieran. El TLCAN fue el candado que cerró la puerta e impidió dar marcha atrás a las reformas. Separar el efecto de las reformas de los efectos del Tratado es prácticamente imposible.

En los años noventa culminó el proceso de desmantelamiento del aparato gubernamental de apoyo al campo y con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia el 1º de enero de 1994, se intensificó la política anticampesina construida desde 1982. Ese mismo día, miles de indígenas, armados de machetes, palos y algunas armas ocuparon siete poblaciones del Estado de Chiapas y declararon la guerra al gobierno mexicano. Se identificaron como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Había llegado la hora de decir ¡Basta! a 500 años de opresión. Su iniciativa cambió la correlación política de fuerzas del país. La cuestión indígena quedó inscrita en forma prominente en la agenda nacional, junto con las principales demandas campesinas y alimentarias.

Tras un complejo proceso de movilizaciones y negociaciones, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, con representantes prominentes de todos los partidos, produjo una iniciativa de reforma constitucional, acordada con los zapatistas, que constituía el componente principal de los Acuerdos y se planteaba un reconocimiento pleno de los pueblos indios, como sujetos de derecho público, y su derecho a la autodeterminación y autonomía. La iniciativa tuvo un impresionante respaldo. Miles de organizaciones y millones de personas expresaron abiertamente su apoyo. No hubo una sola organización que se opusiera a ella. El Congreso, sin embargo, produjo una contra-reforma, y tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Ejecutivo se lavaron públicamente las manos de esta decisión que no sólo implicó dejar de honrar su firma y su compromiso, firma y compromiso de todos los partidos políticos y del gobierno de la República, sino traicionar la voluntad popular y ensanchar el abismo que se había estado abriendo entre las clases políticas y la población.

 

Política de destrucción de la autosuficiencia y de la soberanía alimentaria

En 1971 México exportaba maíz. La pérdida de la autosuficiencia nacional de alimentos en el curso de los siguientes años no se debió a calamidades naturales o ineficiencia productiva, sino a una política que a un altísimo costo buscó explícitamente sustituir el maíz, con clásicos argumentos de ventajas comparativas: los campesinos maiceros no podían competir en rendimiento con los productores norteamericanos; el país debía especializarse en frutas tropicales y otros productos en que pudiera ser más eficiente y competitivo.

En la actualidad se producen poco más de 20 millones de toneladas de maíz al año, una parte de ellas en los distritos de riego del noroeste, subsidiados irracionalmente para el propósito. La producción se ha estancado durante la última década, mientras aumenta año tras año la importación de poco más de diez millones de toneladas. La factura de importación de maíz ascendió a 2,500 millones de dólares en 2011 y en 2012 fue aún mayor.

Bien fundadas estimaciones del Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, que estudia el potencial productivo de maíz desde 1963, indican que México z por primera vez en la historia.s de mañizescos de cola e intenso consumidor de comida chatarra. Al mismo tiempo, ha empezado apodría alcanzar en poco tiempo la autosuficiencia, si se apoyara a la agricultura campesina con montos semejantes a los que se otorgan a la agricultura empresarial. Una de las condiciones para ello sería reconstituir los instrumentos de apoyo al campo inhabilitados por el TLCAN.

La pérdida de soberanía alimentaria que esta política ha provocado tiene como uno de sus componentes principales una modificación inducida de la dieta mexicana con efectos catastróficos. México padece uno de los más altos índices del mundo de obesidad, diabetes e hipertensión. Ocupa el primer lugar mundial en el consumo por persona de refrescos de cola y uno de los primeros lugares en el consumo de la llamada “comida basura”. Al mismo tiempo, ha empezado a disminuir el consumo de productos de maíz por primera vez en la historia. Mientras Vía Campesina plantea que el primer componente de la soberanía alimentaria es la producción autónoma de alimentos y que la propia gente defina lo que come, en México se ha realizado una costosa campaña, a través de una alianza cómplice de los gobiernos, las corporaciones y los medios, para impulsar hábitos de consumo que bajo la cobertura de la modernización han estado destruyendo sistemáticamente las preferencias alimentarias de mexicanas y mexicanos.

 

Como se afirma en la Acusación general:

Entre 1985 y 1999 el maíz perdió el 64% de su valor y el frijol, el 46%, sin que esto significara de ninguna manera un abaratamiento de la comida para los consumidores, pues entre 1994 y 2002 la canasta básica se incrementó  en un 257 %. En ese mismo periodo, México pasó a ser un país oficialmente mal nutrido. El Journal of Occupational and Environmental Health (Revista de Salud Ocupacional y Ambiental), señala que el incremento de obesidad y sobrepeso en México — 12 por ciento entre 2000 y 2006 — coincide con la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Durante ese lapso se incrementó en el país el consumo de productos procesados, bebidas gaseosas y otros alimentos con altos niveles de grasa y azúcar, mientras cada vez más empresas estadounidenses aumentaron su presencia en toda la gama de producción y procesamiento, así como en restaurantes y en la venta de comida con la cual transformaron el ambiente de alimento y con ello provocaron un incremento en las tasas de obesidad.

Para 2002, clasificación de pobreza alimentaria afecta a más de la mitad de todas las familias dedicadas a actividades campesinas.

En octubre de 2011 el Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social del Gobierno mexicano declaró que el 55.7% de la población, es decir, 63 millones de personas, padece inseguridad alimentaria; de éstos, 28 millones padecen pobreza por hambre y de ellos 20 millones viven en áreas rurales.

El maíz define la historia del continente. Sin exageración, puede decirse que define también el futuro humano.

Es criminal la insensatez de combatir sistemáticamente al maíz y a los campesinos que lo cultivan. Es una política que se hizo por primera vez explícita al surgir la revolución verde y que no ha cesado. La presión pública obligó a las autoridades a negociar diez años de protección del maíz, en el marco del TLCAN, pero se olvidaron de ella tan pronto como les fue posible y empezaron a importar cantidades superiores a las cuotas autorizadas y sin cobrar los aranceles correspondientes (que se suponía ayudarían a reducir las asimetrías entre las agriculturas de Estados Unidos, Canadá y México).

 

El maíz y los transgénicos

El maíz es uno de los cultivos en que el uso de variedades genéticamente modificadas representa ya una alta proporción del total. Su rápida expansión se ha llevado a cabo a través del cabildeo empresarial intenso, prácticas claramente ilegales como el ingreso mediante contrabando y un alto grado de complicidad por parte de organismos internacionales y de autoridades estatales y académicas. Sin embargo, esta expansión también se ha encontrado con una resistencia creciente por parte de organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, destacándose la oposición cada vez más firme de organizaciones campesinas y de pueblos indígenas. 

La gente se opone a las semillas transgénicas porque antepone una diversidad de argumentos que van más allá de una simple cuestión tecnológica y argumentan la defensa de sus culturas, sus modos de vida, y también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población, que son derechos individuales y colectivos. En especial, señalan la vinculación con la autodeterminación de los pueblos originarios, como sujetos de derecho colectivo.

Cuando en 2001 se descubrieron en Oaxaca y Puebla signos de contaminación transgénica en variedades nativas de maíz se produjo una vigorosa reacción adversa. Un foro altamente representativo de la sociedad civil declaró que Oaxaca, el centro de origen del maíz, debía ser un territorio libre de transgénicos y que por ello no se permitiría su ingreso al Estado. Iniciativas semejantes se están produciendo en todo el mundo.

La evidencia científica – que demuestra los daños y consecuencias sobre medioambiente, salud y la vida de los pueblos indígenas y campesinos – y los conocimientos provistos por la biología llevan a dudar, desde hace décadas, acerca de la predictibilidad y de certidumbre de los efectos de la inserción de transgenes en los organismos genéticamente modificados (OGM) debido a que no se trata de sistemas simples. Los sistemas vivos y ecológicos son de una gran complejidad que es ignorada intencionalmente por la biotecnología y las empresas como Monsanto, Syngenta o Dupont, así como por las comunidades científicas trabajando a su servicio. La inserción de transgenes en organismos silvestres dispara una serie de efectos múltiples, que no pueden ser limitados a los esperados por la biotecnología y sus relaciones simples de causa-efecto y que no son predecibles sino que es imposible controlar en el uso agrícola.

Además es incierta la posibilidad y ritmo de contaminación, resultante de su implantación en la naturaleza. Su aumento a lo largo de años, décadas y aun siglos puede crear una naturaleza diseñada en laboratorios que poco tiene que ver con lo que los pueblos necesitan. La incertidumbre tiene y tendrá lugar, tanto al interior de cada OGM como de las poblaciones de los mismos, en las comunidades biológicas y ecosistemas en los que viven y desde luego en comunidades y ecosistemas circunvecinos o muy alejados de los centros de cultivo y experimentación, como se observa en el caso de la contaminación del maíz y al algodón en México.

Las evidencias presentadas tanto por investigadores en sus análisis de contaminación del maíz nativo con OGM comerciales, en todo el territorio de México, muestran la perversión del modelo que apela a todos los mecanismos para forzar al agricultor a abandonar sus prácticas tradicionales y ponerlo en indefensión y violación de sus derechos, y constituyen un acto de  violencia intencional inaceptable.

Aun más peligroso es el potencial agravamiento de la situación en los países productores de maíz, con la llegada al mercado de las nuevas semillas, donde se “apilan” modificaciones genéticas que suman nuevos tipos de herbicidas para compensar el progresivo fracaso de los transgénicos resistentes al glifosato por la aparición de tolerancias en plantas adventicias y descenso del rendimiento por agotamiento de los suelos.  Además de aumentar los riesgos por el aumento exponencial de uso de sustancias químicas necesarias para la efectividad de la tecnología OGM.

Estas tensiones modelan un mercado internacional cuyos rumbos futuros son inciertos, pero al mismo tiempo reclaman, ante el peligro de esta embestida neocolonial, un urgente y postergado debate sobre la autonomía en los países periféricos ante la prepotencia de las corporaciones y sus gobiernos junto al estado mexicano y de América Latina.

Es cada vez más inquietante el impacto ambiental sobre el suelo, flora y fauna de los agrotóxicos, ligados indisolublemente al paquete tecnológico transgénico, se agregan los efectos indeseados sobre la salud de la población, a la creciente evidencia que desafía fuertemente el concepto de la equivalencia de los alimentos OGM (equivalencia substancial) y más recientemente, la creciente percepción de las limitaciones del propio procedimiento tecnológico.

Ninguna nación democrática y soberana puede empeñar su desarrollo intelectual, tecnológico y científico y someterlo a intereses de un sector particular y minoritario. El pueblo mexicano tiene un derecho irrenunciable a una ciencia transparente, autónoma y libre de los intereses ajenos a él.

 

Violencia

Nada describe mejor la situación actual de México que la violencia generalizada.

La violencia estructural que caracteriza el régimen económico dominante, e implica opresión, desigualdad y discriminación; la violencia patriarcal que caracteriza todos los aspectos de la vida social; la violencia que tradicionalmente se observó en los cuerpos policíacos y militares y la violencia de los criminales, se han estado amalgamando en una forma de lodo social y político en que resulta ya imposible distinguir con claridad entre el mundo del crimen y el de las instituciones.

En vez de usar la política, para ocuparse del bien común mediante la concertación democrática, y en vez de emplear el monopolio de la violencia legítima para proteger a los ciudadanos, gobiernos sin legitimidad se han convertido en empresarios de la violencia. Bajo el pretexto de combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales, cuya proliferación han estimulado y cuya impunidad garantizan a través de diversos mecanismos, los gobernantes han estimulado y generalizado un clima de intimidación, que llega en muchos casos al terror. Han estado utilizando las fuerzas públicas y un aparato judicial corrupto para criminalizar la protesta social, desmantelar la resistencia legítima de los pueblos y desgarrar el tejido social de barrios y comunidades.

Es cada vez más evidente que todas esas formas de violencia no son el fruto incoherente de voluntades criminales aisladas, aunque éstas aprovechan la situación para satisfacer sus propios intereses, sino que responden al propósito cada vez más explícito y evidente de beneficiar a un pequeño grupo de individuos y corporaciones, nacionales y extranjeras, para el saqueo indiscriminado y destructivo de las riquezas nacionales y de la explotación salvaje de mexicanos y mexicanas.

 

 

3. HECHOS DENUNCIADOS

 

En el curso de la presente Audiencia, fueron expuestos numerosos casos y depusieron testigos múltiples. Testigos víctimas, que narraron con dolor sus experiencias de hostigamiento y despojo, y testigos con formación técnica o pericial, que expusieron sobre las causas de esos males con profunda riqueza.

El TPP debe dejar sentado en primer término que la naturaleza del presente Dictamen impide recoger en estas breves líneas la totalidad de los testimonios,  documentos técnicos y en general, hechos presentados ante la Audiencia. No obstante lo cual la mentada prueba documental, pericial y testimonial ha sido valorada en su integridad y forma parte del corpus que será elevado al Tribunal de la Sesión final del TPP, que se llevará a cabo el año próximo.

Sentado ello, corresponde efectuar una reseña de los hechos e ideas puestos a consideración de este Tribunal. En tal virtud, la acusación general presentada por el conjunto de organizaciones y pueblos promotores de la Audiencia, describió el significado, las causas y consecuencias del brutal ataque al maíz del que está siendo objeto el pueblo mexicano, partiendo de la base de que el maíz es un entramado de relaciones de profunda significación cultural e histórica, tributario de una labor creativa continuada durante milenios. Por ello, la imposición de un modelo agroindustrial intensivo – del que los transgénicos son uno de los instrumentos más extremos – por parte del Estado mexicano y corporaciones del agronegocio, como Monsanto, Syngenta, Dow, BASF o Cargill, no sólo constituye un ataque a una cultura, sino también una verdadera guerra contra la subsistencia, impulsada mediante la fabricación de leyes que impiden la defensa de la agricultura campesina y la producción independiente y que configuran un desvío de poder tal como fue definido por la CIDH en el caso Gallardo.

Este desvío de poder del Estado mexicano abre enorme margen de maniobra a las corporaciones e impresas transnacionales, que sustituyeron a los terratenientes en el devenir histórico, y propicia el apoderamiento de toda la cadena alimentaria, con la consecuente destrucción de la vida comunitaria, y el arrancamiento entre la gente y su territorio, en el entendimiento de que, a nivel mundial, el 70% de la comida del pueblo es producida por la población campesina e indígena atacada.

En este marco, el TLCAN proporcionó los instrumentos y estándares para llevar a cabo el desvío de poder, en tanto promovió el desmantelamiento jurídicos de las leyes que promovían derechos colectivos, y bienes comunes, amarró las reformas estructurales de los años 80 otorgándole certeza jurídica y perdurabilidad al despojo, y en esa dinámica, recrudeció la guerra contra el campesinado.

En esa línea de análisis, la generalizada política contra el campesinado, la agricultura campesina, las semillas nativas y la imposición de “programas autoritarios de intensificación de cultivos” se revelan como una verdadera guerra de exterminio, al socavar las fuentes y medios de subsistencia, acaparar la tierra y despojar a los pueblos de sus territorios, con sus bosques aguas y biodiversidad y semillas a los pueblos. Los cultivos que se impulsan desde el gobierno implican la imposición de la tecnología transgénica, con múltiples consecuencias nefastas. En efecto, en términos de la acusación, el control transgénico es en sí mismo un grillete biológico sobre las semillas, porque les impide cambiar y evolucionar. Asimismo, la alimentación transgénica es un experimento con seres humanos, que alcanzaría dimensiones nunca jamás vistas si tal producción fuera del 100%, como se pretende en el futuro.

Tras estas consideraciones genéricas vertidas en la Acusación general, se presentaron diversos casos de análisis, cuya reseña sumaria, será el objeto de las siguientes líneas.

El caso Colisión campo-ciudad fue presentado por miembros de la comunidad de Tepoztlán y campesinos del Estado de Morelos. Los testigos denunciaron la adulteración e infiltración fraudulenta de asambleas públicas, y pusieron como ejemplo la consulta pública del 11 de noviembre de 2012, en la que el Instituto Federal Electoral aportó listados de los votantes registrados, lo que constituye un delito. Asimismo, se denunció la organización de asambleas resguardadas por elementos de la policía estatal, con granaderos que controlaban quien podía ingresar y quien no, y la existencia de grupos de choque.

Los miembros de la comunidad se quejaron de una situación paradójica que los pretende trocar en victimarios en lugar de víctimas: son ellos los acusados de bloquear los trabajos de las empresas trasnacionales. Los campesinos de Morelos describieron la dificultad de vender sus productos merced al coyotaje del que son víctimas, por la intervención de un  intermediario bodeguero que les quita dinero, así como del aumento constante de los insumos por el precio de los agroquímicos, y la construcción indiscriminada de viviendas en tierras tan fértiles que dan tres cosechas al año.

Los comuneros y campesinos concluyeron su exposición con un manifiesto elocuente: “a 80 años del reparto agrario de Lázaro Cárdenas, y en la tierra de Zapata, no nos queda más que denunciar que queda poca tierra para la siembra”.

El caso Destrucción de las fuentes del agua, el bosque y la vida campesina fue presentado por miembros de la comunidad San Pedro Atlapulco. Tras describir formas de su organización social y política, como la toma de decisiones a través de asambleas de comuneros, el trabajo colectivo o faena, y la fiesta como institución relacionada con el ciclo agrícola, los campesinos denunciaron que todos los días 22,000 metros cúbicos de agua de sus tierras es derivado a la ciudad de México, y pidieron que se les reconozca de una manera justa el beneficio que le hacen a la urbe.

En el caso Cuenca de la Independencia, Guanajuato se denunció la sobre-explotación del acuífero, en el que sólo queda agua contaminada por elementos químicos. En efecto, desde 1958 el acuífero fue saqueado en la proporción del 50%, y se trajo agua fósil de más de 35,000 años de antigüedad, contaminada por cloruro y arsénico, lo que se encuentra avalado por estudios de la UNAM.

También miembros de la comunidad de Mezcala, Jalisco, denunciaron la ocupación violenta de su territorio ancestral, por parte de un empresario jalisciense, con el resguardo y complicidad de las instancias de gobierno municipal y estatal y con la protección de policía privada que amenaza a los comuneros.

En el caso Territorialidad, subsistencia y vida digna se denunció el arrancamiento de las fuentes de subsistencia y la destrucción de procesos organizativos y sociales. Los testigos describieron la existencia de una ingeniería de conflicto que opera mediante la precarización intencionada y las técnicas del miedo explícito, persecución jurídica y hostigamiento. A ello se suma una simulación de protección jurídica, como técnica que conduce a la impunidad y al desamparo institucional. Presentaron casos de personas que hoy laboran como jornaleros en tierras que antes eran suyas y que sufren condiciones infrahumanas de empleo a temperaturas de más de 45 grados, condiciones de esclavitud que fueron denunciadas a la opinión pública cuando escaparon más de 40 trabajadores.

Concluyeron con el aserto de la irreparabilidad de los daños erigido como tesis: el daño producido ya no se puede reparar.

En la presentación Acaparamiento y contaminación con agrotóxicos por empresas trasnacionales, miembros de la Comunidad de San Isidro, Jalisco, señalaron que ganaron un juicio por la propiedad de sus tierras sin cumplimiento de la sentencia. También relataron que la empresa Monsanto tira sus semillas a cielo abierto (semillas que la gente teme sean transgénicas) además de provocar contaminación con agrotóxicos y moscas. La migración (en boca del drama de una madre que tiene 7 hijos en los Estados Unidos), adquiere un sentido muy profundo de toda la audiencia cuando se entiende que la gente fue despojada de sus tierras y después de ser expulsados y migrar, regresan a trabajar en sus propias tierras como asalariados en condiciones infrahumanas. La culminación fue la belleza de una imagen literaria: nosotros estamos viviendo en el “Llano en llamas” la tierra hermosa de Juan Rulfo, que ahora es “el llano emplasticado”, en alusión al libro sobre la región El llano en llamas.

En el testimonio de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, los comuneros denunciaron el despojo sistemático de su territorio ancestral desde la constitución de la República Mexicana que se ha ido concretando con la subdivisión en diferentes Estados, la certificación de tierras por el programa de certificación de derechos ejidales y comunales (PROCEDE) y los programas para el campo como Procampo, Oportunidades, Kilo por Kilo (sustitución de semillas), Promaf (de maíz y frijol), algunos promotores de semillas híbridas y agroindustria, agrotóxicos y demás.  Tampoco se han tomado en cuenta las recomendaciones de la OIT para la restitución del territorio wixaritari a la comunidad indígena: siguen las invasiones, la deforestación, y a pesar de los juicios agrarios ganados, se desconocen las sentencias y se establecen programas de conciliación como “Focos Rojos”.

La presentación sobre Simulación legal sobre la protección de la diversidad del maíz en México estuvo a cargo de una representante del Grupo de Estudios Ambientales, quien afirmó que a partir de 1991 se generó una batería de leyes que configuraron una situación de simulación de justicia, en tanto no pueden hacerse valer en la práctica, a lo que se suma la inviabilidad de los amparos que son rechazados con el pretexto de falta de interés jurídico o la invocación de que el daño no está consumado, y el incumplimiento de recomendaciones internacionales como la del Relator especial para la alimentación de la ONU.

La presentación sobre Situación de los jóvenes y destrucción de las posibilidades de elegir ser campesino estuvo a cargo del colectivo Juxmapa y “Caracol psicosocial”. Describieron la existencia de daños transgeneracionales: desesperanza aprendida (creer que la situación no puede cambiar), aislamiento y poca participación ante problemas comunes, rompimiento en la comprensión del territorio, pérdida de saberes locales para la supervivencia, miedo internalizado a la represión, y agresiones entre los habitantes, crecientemente en los niños.

La presentación sobre Políticas de exterminio del futuro indígena y campesino, caso Tarahumara, estuvo a cargo de miembros del Proyecto de fe compartida en la sierra Tarahumara. Del testimonio rarámuri surgió que “las culturas indígenas necesitamos del maíz, y el maíz necesita de nosotros para poder vivir”.

La presentación Violencia obstétrica: invasión del territorio más primero, de la Red Jalisciense por un Parto Humanizado, dio cuenta de formas de violencia social que permanecen invisibilizadas y que anticipan modos de violencia institucional posterior. En este sentido es de destacar que México es el país con más intervenciones médicas antes y durante el parto, por lo tanto con más cesáreas del mundo. Para quienes presentaron el caso, la violencia que se hace contra las mujeres y sus hijos por nacer es una violencia contra el territorio mas íntimo, que es el propio cuerpo.

En el testimonio Contaminación del agua y los cultivos en Zumpango, Unidad de Riego Plan Xalpilla, se relataron los daños provocados por la construcción del circuito exterior mexiquense, que atravesó por la mitad una zona agrícola, con la consecuencia de la muerte de 500 hectáreas de cultivo de un solo golpe, y que los campesinos se vieron obligados a rentar sus tierras o abandonarlas, porque no se puede pasar del otro lado. En esa dinámica, se denunció que detrás del proyecto viene el aparato policíaco, y detrás el aparato judicial.

En el caso Contaminación transgénica del maíz en el centro de origen mundial, la Red en defensa del maíz encontró presencia de genes transgénicos en maíz nativo en 25 Estados con la presencia de tres o más transgenes en las plantas. Se describieron casos de contaminación con hechos tales como malformaciones de plantas, avalados por evidencia científica. La comunidad zapoteca de Oaxaca puso de manifiesto el cinismo y perversidad de la autoridad sanitaria, que llegó a afirmar que los transgénicos que llegaron a México son inocuos para la salud y denunció que el empobrecimiento y la migración forzada tienen como objetivos últimos el robo del territorio. Miembros de la comunidad El Porvenir del municipio de San José del Progreso, dieron cuenta de malformaciones nunca antes vistas, como milpas sin mazorcas, con abundantes ramificaciones y hongos. Se verificó asimismo que los transgénicos también están en las plantas aparentemente sanas, hecho confirmado por  testimonios de la región Mixteca y la comunidad de San Felipe en el sur de la sierra de Oaxaca.

En el Contexto corporativo de la contaminación transgénica, acción y omisión de instancias internacionales la exposición estuvo a cargo de Verónica Villa del Grupo ETC- México, quien en síntesis argumentó:

•   La contaminación no es un accidente, sino un crimen para favorecer a seis empresas, que son Monsanto, Dupont, Syngenta,  Bayer, Dow y Basf.
•   La práctica de las empresas de demandar a los campesinos por la infracción de patentes si detectan la existencia de plantas transgénicas en sus campos, con la consecuencia de que el contaminante reclama al contaminado.
•   La contaminación es dolosa, porque el polen necesariamente vuela (es imposible controlarla no pudiendo contar con medidas de seguridad que eviten toda contaminación con transgénicos) y las empresas lo saben.
•   La versatilidad del maíz, que puede convertirse por ejemplo en insumos para una infinidad de alimentos procesados y biocombustibles, explica el interés del control de las corporaciones.

En el caso Políticas de exterminio contra el Pueblo Maya se denunció la creación de áreas protegidas como medio de acceder a préstamos millonarios del Banco Mundial por parte del Estado Mexicano y el otorgamiento a Monsanto de 252,000 hectáreas para la siembra de soya transgénica (que al ser producida en monocultivo, ser genéticamente modificada e impulsar los agroquímicos, está devastando el entorno y la vida comunitaria campesina basada en el maíz). Con esta devastación, resulta claro el ataque a la existencia completa del pueblo maya hasta el punto de que hay programas que impulsan la prohibición de la lengua materna en la escuela.

En el testimonio sobre Proyectos turísticos y despojo de tierras en la comunidad de Bacalar en el Estado de Quintana Roo, se denunció que los campesinos fueron obligados a vender sus tierras bajo expropiación forzada o venta obligada a intereses privados, y que la migración forzosa dejó desocupadas las tierras, disponibles para una mala venta.

El testigo denunció que el 13 de agosto de 2009 la comunidad de San Antonio de Ebulá fue destruida por un grupo de choque integrado por un grupo de 100 civiles por orden de un empresario de Campeche ligado a autoridades del gobierno local, destruyendo todo a su paso y afectando a más de 70 familias que quedaron en situación de desplazamiento, que finalmente quedaron confinadas en 31 hectáreas de cerro.

En el testimonio sobre Destrucción de los medios de vida de los apicultores en la Península de Yucatán se denunció la tala de bosques y siembra de soya transgénica causando despojo de tierras y contaminación con polen transgénico de la producción de miel orgánica, lo que ha ocasionado enormes pérdidas a los apicultores que no pueden exportar su miel como antes.

En el caso Argumentos científicos sobre cultivos transgénicos en México, con énfasis en el maíz, las principales argumentaciones del Dr. Antonio Turrent estuvieron dirigidas a demostrar que el cultivo del maíz transgénico es un camino sin retorno, que conducirá a la contaminación generalizada del maíz nativo, sin posibilidad de regreso a las condiciones iniciales. Que la promesa de inocuidad para la salud de los productos transgénicos es falsa, en cuanto pueden producir cáncer y otras enfermedades, lo que fue demostrado por pruebas de laboratorio. También señaló que sin tecnología transgénica y recuperando la autosuficiencia es posible enfrentar los desafíos relativos al cambio climático.

Seguidamente la Doctora Elena Alvarez Buylla afirmó que las transformaciones transgénicas generan consecuencias imprevisibles y altamente riesgosas, por lo que no se debería permitir la liberación de ningún tipo de transgénicos en ningún lugar del mundo, que deberían ser prohibidos como protección de la humanidad. Denunció también la existencia de fraudes en las investigaciones científicas y la colusión dolosa entre el Estado y los intereses de monopolios.

El Dr. Antonio Serratos explicó que los transgenes pierden resistencias con el tiempo, por lo que hay que inventar otro transgen que se sume al anterior que queda en el reservorio genético, generando consecuencias imprevisibles. El Dr. Serratos cerró su testimonio sobre la ley de semillas con una cita de José Martí: “Toda la gloria del mundo está contenida en un grano de maíz”.

En cierta forma, lo que está ocurriendo en México (y en la mayor parte de los países de América Latina) reproduce en pocos decenios lo que en Europa tomó siglos. La transformación aquí es tan rápida que excluye casi toda posibilidad de adaptación a un cambio impuesto. La fracción de la población favorable a este cambio lo define simplemente como modernización y con eso lo valoran acríticamente como positivo.

Lo que ocurre bajo el velo de la modernización corresponde a un proceso de desarticulación de la territorialidad que puede ser resumido a través de las siguientes claves de lectura: puesto que los habitantes de un terruño son sus cuidadores, por su mismo apego a él, se vuelven obstáculos a su mercantilización y son percibidos desde arriba como enemigos de la modernización, renuentes al progreso, sectores atrasados, necesitados de re-educación. Es urgente cobrar conciencia de que ya no vivimos en tiempos de Marx, cuando todavía era posible pensar que el progreso tecnológico nos iba a llevar a una edad de abundancia sin límite o en el tiempo de Polanyi, que insistía en las capacidades de adaptación progresiva del pueblo. Por primera vez se constatan varias imposibilidades simultáneas. Por ejemplo:

• el trabajo asalariado nunca sustituirá a las actividades de subsistencia. En el mundo los campesinos tradicionales producen 70% de los alimentos en menos del 30% de las tierras agrícolas;
• la creación de nuevos empleos ha llegado a límites insuperables: se ha vuelto imposible que todos los ciudadanos adultos de cualquier país puedan obtener empleo;
• el sistema de producción industrial ha ampliamente demostrado su incapacidad de cuidar  los territorios, el suelo, el agua, la flora y fauna y la gente.

 

La desarticulación de los territorios es la base de la catástrofe ecológica que se agudiza día a día. Actualmente en México el Estado ha concesionado el 30% del territorio nacional a compañías mineras y de hecho se ha comprometido a entregar las tierras concesionadas sin habitantes.

El genocidio de los pueblos cuidadores originarios se perfila como una necesidad impuesta por el sistema económico dominante. En el momento de crisis multidimensional actual el expulsar los cuidadores originarios de sus territorios no es sólo injusto; a la larga es un suicidio ecológico y cultural.

 

4. AGRAVIOS

 

Luego de escuchar los testimonios y casos presentados, el Tribunal observa lo siguiente:

Es innegable el ataque sistemático e intencional a la existencia del maíz, a la subsistencia de pueblos y comunidades y a su autonomía. El ataque posee tal amplitud y profundidad que pone en peligro la existencia de los pueblos del campo mexicano.

Esta no es una situación exclusiva de México, pero aquí se despliega con especial violencia e intensidad y se enfrenta con una determinación profunda de parte de los pueblos a resistir y prevalecer. También adquiere especial gravedad en México porque,  a través de la devastación física, biológica y social de su centro de origen, se está atacando la existencia y permanencia del maíz, cultivo que hoy es fundamental para la subsistencia de los pueblos de México y del mundo.

Los principales agravios que los testimonios han dejado en evidencia son los siguientes:

 

Primer agravio: intento de exterminio del maíz y de las culturas, cosmovisiones y formas de vida que se crearon mutuamente con él, lo que corresponde a la ruptura de una matriz civilizatoria.

Como el Tribunal bien escuchó, el maíz no es una cosa, sino una trama de relaciones de vida y convivencia cuyo sometimiento al experimento de la transgenie constituye un acto criminal, ya que no sólo pone en serio riesgo la existencia del cultivo, sino la de los pueblos que lo cultivan y cuidan. Aún más, el experimento de la transgenie está siendo aplicado a toda la humanidad y tratándonos a todos y cada uno como cobayos. Al defender el maíz, los pueblos de México están defendiendo a los pueblos del mundo y nuestro primer llamado es a desplegar la reciprocidad de otros pueblos del mundo hacia los pueblos de México.

El Tribunal recibió pruebas claras de que el tipo de ciencia que impulsan las empresas fabricantes y comercializadoras de OGM es una ciencia anacrónica y con un valor de verdad cada vez más cuestionable y cuestionado entre y desde amplios sectores de la propia comunidad científica. El mecanismo de transmisión de caracteres hereditarios no puede ceñirse a la concepción de un flujo simple y unidireccional de información que va de los ácidos nucleicos a las proteínas; tampoco puede ser considerado como mecanismo universal, pues existen otras direcciones de transmisión de información y aún otros mecanismos de herencia no-genética. Los sistemas vivos y ecológicos son de una gran complejidad que es ignorada intencionalmente por la biotecnología y las empresas como Monsanto, Syngenta o Dupont, así como por las comunidades científicas a su servicio. La inserción de transgenes en organismos vivos dispara una serie de efectos múltiples, que no pueden ser limitados a los esperados por la biotecnología y sus relaciones simples de causa-efecto; son por tanto experimentos con resultados impredecibles e imposibles de controlar en el uso agrícola.

Un segundo elemento que indica responsabilidad criminal es que el maíz transgénico haya sido introducido en territorios indígenas y campesinos de manera clandestina por instituciones públicas o con su complicidad. Las evidencias presentadas por científicos muestran contaminación del maíz nativo con OGM comerciales en todo el territorio de México. Las pruebas presentadas por agricultores de las regiones de Oaxaca señalan que se han encontrado parcelas con hasta del 70 a 80% de plantas nativas malformadas debido a la contaminación. Varios casos y testimonios indican que la contaminación del maíz mexicano no se ha extendido más porque son muchas las comunidades campesinas que están haciendo un esfuerzo permanente para detenerla. Sin embargo, de no tomarse de manera inmediata todas las medidas necesarias para detener la contaminación transgénica, su aumento a lo largo de años, décadas y aún siglos puede crear una naturaleza diseñada en laboratorios que provocará incertidumbre y daño, hará difícil o imposible cultivar de manera exitosa y se convertirá en una herramienta más de devastación. Esto ocurrirá en comunidades y ecosistemas circunvecinos o muy alejados de los centros de cultivo y experimentación, como se observa en el caso de la contaminación del maíz y al algodón en México. Todo con efectos irreversibles.

La introducción clandestina e intencional de semillas transgénicas forma parte de un modelo que apela a todos los mecanismos para forzar al agricultor a abandonar sus prácticas tradicionales y ponerlo en indefensión y violación de sus derechos, y constituyen un acto de violencia intencional inaceptable.

 

Segundo agravio: intento sistemático de destruir los territorios, que son la integralidad que acoge la vida espiritual y concreta de los pueblos,  mediante procesos de fragmentación, desagregación, reducción, privatización, explotación y contaminación, en realidad, mediante el despojo. Se nos ha mostrado cómo se impide que los pueblos y comunidades permanezcan en sus territorios y sigan cuidándolos y subsistiendo de lo que ellos entregan, a través de la fuerza física, legal y simbólica, con el uso de amenazas, asesinatos, invasiones, expulsiones forzadas,  mediante la fuerza estatal y paraestatal.

Cada testimonio fue indicando con claridad y sentimiento que destruir el territorio significa mucho más que destruir un espacio físico. La destrucción impide la autonomía, ataca la dignidad y ni siquiera permite la continuidad del sustento. Más aún, la destrucción territorial sólo puede basarse en una visión racista. Quien jamás se acercó a una milpa jamás entenderá las culturas de los cuidadores de los territorios, del suelo, del agua y del maíz. Su destrucción será considerada por la mayoría como progreso, sin percibir que la desarticulación de los territorios es la base de la catástrofe ecológica que se agudiza día a día.

Uno de los efectos más masivos de la destrucción territorial y la expulsión forzada es la migración. Los testimonios recibidos muestran claramente que la migración es una condición forzada que provoca dolor y ruptura del tejido social y de los vínculos humanos más íntimos,  y que impide hacer realidad aspiraciones de vida digna. Junto al sufrimiento humano inmediato, lo que se configura es la imposibilidad de los pueblos para proyectarse como tales hacia generaciones futuras.

 

Tercer agravio: la intención clara y sistemática de destruir y acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida.

El TPP identifica la contaminación del maíz como el centro pero no el único componente de un proceso intencional y dirigido a la destrucción de la agricultura y la alimentación que no dependan de las grandes corporaciones y empresas del agronegocio. Introducir maíz transgénico a México sin reconocer la inevitabilidad de la contaminación sólo puede hacerse mediante un acto de irresponsabilidad, negación y ceguera intencional.

Igualmente, identificamos los programas gubernamentales PROCEDE, PROCAMPO,  Kilo por kilo, PROMAF, OPORTUNIDADES, los Servicios Ambientales forestales y agrológicos,  FANAR, Cruzada Contra el Hambre, la promoción de la agricultura por contrato, como herramientas de destrucción territorial cuyos objetivos apuntan a la pérdida de las semillas, al enganchamiento forzado a las semillas industriales y los paquetes tecnológicos, la pérdida y contaminación  de la tierra y el agua, al envenenamiento ambiental y de las personas por los agrotóxicos, a la destrucción de las asambleas y fragmentación de las comunidades, a la migración sin retorno de las nuevas generaciones y a la subordinación de todas las bases de la vida individual y colectiva, especialmente la alimentación, a intereses privados ajenos.

Los testimonios escuchados también muestran cómo se han criminalizado procesos tan íntimos y trascendentes como el cuidado de la salud, la maternidad y el alumbramiento, violentando y atacando incluso lo que debe ser percibido como el territorio primero. Esto llega al extremo de negar el certificado y acta de nacimiento a los niños que no nacen en un hospital, lo que equivale a negar la ciudadanía y la nacionalidad.

El TLCAN se ha convertido en un marco jurídico que hace posibles los ataques anteriores  que ignora e impide el cumplimiento de  diversos compromisos adquiridos por el Estado mexicano. Es el TLC lo que va dando forma e intención a programas y políticas estatales que, como escuchamos, van ahogando a comunidades y territorios. Una y otra vez nos entregaron ejemplos de la manera en que las leyes y el aparato judicial están siendo utilizados para burlar principios de derecho y derechos fundamentales de los pueblos. La Ley de Semillas de 2007 convierte en crimen  lo que los pueblos han hecho por milenios para cuidar, mejorar, multiplicar y compartir sus semillas. La Ley de Bioseguridad fomenta y facilita el crimen de la contaminación transgénica. La Procuraduría agraria ampara por omisión la invasión de los territorios y el desalojo forzado. Un decreto presidencial rompió la protección mínima que significaba la moratoria sobre la siembra de cultivos transgénicos en el territorio mexicano. Y como primer paso, antes de firmar el TLC, el cambio del artículo 27 de la Constitución acabó con el derecho de pueblos y comunidades a mantener sus tierras y territorios. De los casos escuchados emerge un cuadro general en que la ley no sólo no protege el interés general de la población mexicana, sino que agrede a pueblos, comunidades y población con el fin de privilegiar los intereses de grandes capitales y empresas.

 

Cuarto agravio: destrucción de los pueblos originarios, y de los tejidos organizativos de las comunidades, de sus asambleas y sistemas de cargos, reemplazándolo por el terror, la desconfianza.

La desestructuración del sistema de organización comunitaria se ha puesto en evidencia en todos los casos, mostrando la intencionalidad de la intervención directa de programas y políticas de Estado así como de la acción violenta y directa de las corporaciones transnacionales. Los intereses económicos no sólo han adquirido preeminencia sobre derechos fundamentales de los pueblos, sino que se imponen mediante la violencia y la impunidad. Ello ha sido amparado  por el marco normativo nacional e internacional que surge del TLC y por autoridades policiales y militares que se niegan a impedir los abusos o directamente participan de ellos. El TPP escuchó de procesos de división, cooptación, intimidación y corrupción alevosamente inducidos. El terror se ha utilizado como arma de dominación y sujeción, que dificulta o impide la denuncia de los crímenes y agresiones, ya que la denuncia misma significa arriesgar la vida. El Tribunal resalta que el conjunto de los ataques está provocando el exterminio de una presencia civilizatoria milenaria, cuyos principios son las relaciones de reciprocidad, de integralidad, solidaridad y complementariedad.

Todos lo agravios antes mencionados conforman un intento multifacético, sistemático e intencional  de acabar con la existencia de los pueblos del campo en México. Tales agravios se están ejerciendo mediante diversas formas de violencia sistemática, cuyo fin parece ser infundir terror general y profundo, creando un ambiente de caos y provocando confusión y zozobra continua. El TPP cree que el terror impide la denuncia total de los ataques a los pueblos mexicanos por parte de quienes son sus víctimas, por lo que este Tribunal se compromete a continuar recabando los antecedentes necesarios para develar y denunciar en toda su profundidad el horror que alcanzó a atisbar.

 

 

FALLO

 

Habiendo escuchado las presentaciones generales y las declaraciones de las personas que han aportado sus testimonios ante esta Audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos identifica la existencia de cuatro agravios de carácter general:

1)    El intento de exterminio del maíz y de las culturas, cosmovisiones y formas de vida que se crearon mutuamente con él, lo que corresponde a la ruptura de una matriz civilizatoria.

2)    El Intento sistemático de destruir los territorios que son la integralidad que acoge la vida espiritual y concreta de los pueblos.

3)    La intención de destruir y acabar con la capacidad de los pueblos y comunidades de asegurar de manera autónoma su subsistencia y formas de vida, y

4)    La destrucción de los pueblos originarios y los tejidos organizativos de las comunidades, de sus asambleas y sistemas de cargo.

Todos los agravios antes mencionados conforman un intento multifacético, sistemático e intencional de acabar con la existencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas (sobre todo si defienden sus regímenes comunitarios o ejidales de la tenencia de la tierra) en México.

Estos agravios responden a una dinámica que tiene sus raíces en el modelo  actual de regulación neoliberal de las relaciones económicas internacionales, gobernado por mecanismos muchas veces opacos y ajenos al control de los ciudadanos y que responde solamente a la lógica del beneficio monetario, sin tener en cuenta los intereses y los derechos de las personas y comunidades.

La imposición de ese modelo por parte de algunos de los Estados más poderosos se basa en la conjunción de distintos actores internacionales, como los organismos que controlan los aspectos comerciales, financieros y monetarios del sistema así como las grandes empresas transnacionales que controlan una buena parte de la producción y el comercio mundial y, desde luego, con la connivencia de los gobiernos nacionales que en tantos lugares del mundo, con el apoyo de los sectores más poderosos en cada país, adoptan las normas y las políticas necesarias para facilitar la implantación del modelo y las medidas represivas necesarias para hacer frente a las resistencias populares.

En esta Audiencia, en la que el ataque contra el maíz en México es el centro de interés del TPP, los responsables principales de los agravios señalados a los que este Tribunal condena son los  sucesivos gobiernos de México que han impulsado los procesos aquí denunciados, las grandes empresas que concentran su actividad en el mercado de los productos transgénicos y los correlativos agroquímicos (MONSANTO, DOW CHEMICAL, DUPONT, BAYER, SYNGENTA, BASF), las empresas comercializadoras de productos alimentarios (como NESTLÉ, CARGILL o PEPSICO) y las políticas comerciales de los Estados Unidos y Canadá, impulsadas a través del TLCAN.

 

 

RECOMENDACIONES

 

En consecuencia con todo lo dicho anteriormente, el TPP formula las siguientes recomendaciones:

A las instituciones internacionales

1. Las graves amenazas al maíz, a los campesinos y a los centros de origen y diversidad que se nos han presentado en esta audiencia deben tratarse urgentemente por parte de las instituciones multilaterales de Naciones Unidas – especialmente aquéllas cuyo deber es velar por la soberanía y seguridad alimentaria en todo el mundo –  con el objeto de proteger los centros de origen y diversidad de las semillas y los derechos de los pueblos que han creado y mantienen los cultivos base de la alimentación de todos.

2. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) debe asumir sus responsabilidades en cuanto a la defensa del maíz nativo y campesino y la amenaza que representa su contaminación transgénica en el centro de origen que no puede considerarse un asunto doméstico de México. En este momento crucial, su defensa es también fundamental para prevenir futuros ataques contra los demás cultivos básicos. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU/FAO debe actuar inmediatamente para salvaguardar los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y defender los derechos de los campesinos.

3. Los regímenes de propiedad intelectual, incluyendo patentes y derechos de obtentor sobre seres vivos, plantas y animales, son injustos, favorecen los monopolios que minan el interés público y atentan contra la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos que los creado y legado para bien de toda la humanidad. Por tanto, la organización mundial de la propiedad intelectual debe abstenerse de demandar propiedad intelectual sobre plantas, animales o cualquier ser vivo y asegurar que no se aplique ninguna forma de propiedad intelectual sobre ellos.

4. El Convenio sobre Diversidad Biológica, debe realizar investigaciones especiales y con participación de pueblos indígenas y campesinos sobre cómo la comunidad internacional puede garantizar la integridad de los centros de origen y diversidad genética de los cultivos y los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y locales.

5. El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación del Consejo de Derechos Humanos y los titulares de otros procedimientos especiales (relatores sobre derechos culturales, pueblos indígenas, medio ambiente y derechos humanos, derechos humanos y productos y residuos tóxicos, derecho al agua, extrema pobreza y derechos humanos, derecho a la salud y grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos) deben analizar la conexión entre sus respectivos mandatos y el riesgo extremo en el que se encuentra el mantenimiento del maíz nativo en México y de los pueblos que lo siguen cuidando.

6. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe analizar con detenimiento los informes periódicos presentados por México y por la sociedad civil mexicana, especialmente en relación con los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dar seguimiento a las recomendaciones ya dirigidas a México.

 

A los Estados Unidos Mexicanos

1. Que ponga a su estructura política a todos los niveles, federal, estatal y municipal, y en todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, al servicio del interés público y que deje de utilizarla, en un escenario que hemos venido calificando como de desvío de poder, para imponer un modelo de desarrollo económico al servicio del gran capital transnacional; un modelo que condena a la gran mayoría de la población a la dependencia, a la pobreza, a la emigración, a la violencia social y a la desprotección, y que, por tanto es inadecuado, insostenible y profundamente injusto. México es un país con culturas y sabidurías milenarias que se siguen expresando y viviendo en sus pueblos indígenas y campesinos, con una economía potente, con recursos naturales importantes, la mayoría en territorios de esos pueblos, con un gran entramado social y con una comunidad científica capacitada, todo lo cual le da instrumentos para construir su propio modelo de sociedad y vida, acorde con sus tradiciones culturales y los conocimientos, deseos y necesidades de todos sus pueblos, para bien de todas y todos las y los que habitan en este territorio.
2. Que aplique un estricto principio de precaución que le exige el régimen de protección de la Diversidad Biológica de 1992 y atienda tanto a las evidencias los argumentos presentados por científicos independientes de las industrias, así como a los presentados ante este tribunal por  representantes de organizaciones y sus creadores del maíz, que demuestran los riesgos graves y probablemente irreversibles para el maíz nativo de la liberación en México, su centro de origen, de las variedades transgénicas y por todo ello:

a)     Que debido a la gravedad de los riesgos ambientales, a la salud y económicos a que se somete al centro de origen global del maíz, así como a las bases del sustento de los pueblos que lo crearon y legaron para bien de la humanidad, y en consecuencia a la seguridad alimentaria mundial, se debe prohibir la experimentación, liberación y circulación de maíz transgénico en México.

b)    Que se reinstale en forma inmediata la moratoria general contra la experimentación, la siembra piloto y comercial y la liberación al ambiente de maíz transgénico atendiendo las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas..

c)     Que se derogue la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005 y su Reglamento de 2008, que promueve la introducción del maíz transgénico en el país.

d)    Que se derogue la Ley de Producción, Certificación y Comercialización de Semillas, de 2007, que restringe la libre circulación de las semillas campesinas o criollas.

e)     Que asimismo se aplique el criterio de precaución y se prohíba la producción de soya transgénica, ya que existen mejores alternativas de producción agrícola y están comprobados los efectos de contaminación transgénica y afectación por agrotóxicos en abejas y productos como la miel – que constituyen una de las bases de la economía de los pueblos mayas – cancelada como producto de exportación del país.

1. Que en aplicación de su obligación internacional de garantizar los derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales y en especial el PIDESC y la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, adopte las medidas necesarias para controlar las actuaciones de las empresas privadas, nacionales o transnacionales, que operan bajo su jurisdicción, que sean susceptibles de vulnerar dichos derechos, de acuerdo con lo señalado en la “Declaración sobre las obligaciones de los Estados partes en relación con el sector empresarial y los derechos económicos, sociales y culturales”, adoptada por el Comité DESC en 2011.
2. Que en este sentido el Estado establezca los mecanismos jurídicos necesarios para que se pueda reclamar contra dichas empresas la reparación de los daños causados, incluidos los derivados de la contaminación de los cultivos de las comunidades indígenas y campesinas, como consecuencia del impacto negativo de organismos genéticamente modificados, de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes.
3. Que dé cumplimiento al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ratifique el Protocolo Facultativo del PIDESC, de 10 de diciembre de 2008, para que las comunidades cuyos derechos son vulnerados puedan acudir directamente ante el Comité DESC.
4. Que refuerce la investigación científica pública e independiente de conflictos de intereses, a través de programas orientados a la conservación del maíz nativo como fuente principal de alimentación y como elemento cultural de cohesión e integración social y al refuerzo de la soberanía alimentaria, en todos sus componentes.
5. Que desvincule de los programas de asistencia alimentaria a las empresas que producen y comercializan organismos genéticamente modificados, así como a las empresas productoras de bebidas azucaradas o alimentos procesados poco saludables y de prioridad al saneamiento y a la mejora del acceso al agua potable y a los productos vegetales frescos.
6. DICONSA, empresa con una gran responsabilidad en la contaminación transgénica, debe concentrar sus compras en organizaciones de productores mexicanos a un precio justo, debe comprometerse a no comprar ni vender maíz ni soya transgénica y debe retirar los maíces transgénicos que haya distribuido, alertando a las comunidades sobre los riesgos de su empleo.
7. México debe modificar de manera radical sus políticas respecto de los pueblos indígenas para ajustarlas a los compromisos asumidos al ratificar el Convenio nº 169 de la OIT. México debe reconocer, preferentemente en el plano constitucional, según los Acuerdos de San Andrés, y respetar, como ya dijera el TPP en su Dictamen de Ciudad Juárez, los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos a su autonomía política, a la propiedad de sus tierras y a ser consultados, de manera previa, libre e informada, en relación con los proyectos que puedan afectarlos directamente. Los pueblos indígenas en México constituyen un grupo de la población especialmente vulnerable a las políticas económicas denunciadas y sus derechos merecen una especial protección. Para ello el Estado mexicano debería reconocer en la Constitución a los pueblos originarios o indígenas como sujetos de derecho público y no como sujetos de interés público como está ahora en el artículo 2 Constitucional.
8. México debe renunciar a las políticas agrarias, agrícolas y comerciales que han causado la crisis del campo mexicano y provocado la migración de millones de campesinos de ésta. En particular, debe orientar sus políticas al fortalecimiento de la economía campesina, los pequeños productores y las comunidades indígenas, a la autosuficiencia nacional en la producción de alimentos básicos, basada en la diversidad y las propias culturas y a la reafirmación de la soberanía alimentaria, como parte de una estrategia adecuada para afrontar las consecuencias del cambio climático.
9. México debe en forma urgente aplicar los mecanismos necesarios para retirarse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a la luz de los múltiples impactos negativos que le ha causado.
10. México debe garantizar en relación con el medio ambiente, los derechos de acceso a la información, de participación en la adopción de decisiones y de acceso a la justicia, y, en particular, debe difundir de manera permanente y amplia, la información relativa a los riesgos del consumo y la contaminación de productos transgénicos.
11. Igualmente el Estado Mexicano, en todos sus componentes, debe proteger los derechos humanos de sus habitantes y en consecuencia, abstenerse de promover la violencia e investigar y castigar a los responsables de los actos de violencia o las amenazas contra personas y comunidades que acompañan a las políticas de imposición del modelo económico contra la agricultura mexicana que se ha descrito en este dictamen.

 

 

Finalmente el TPP desea dirigirse a las organizaciones sociales de México, participantes en el Capítulo México del TPP

El TPP reconoce la plena legitimidad y fundamento de las demandas presentadas a lo largo de las preaudiencias y de la Audiencia sobre Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos y desea expresar su profunda admiración por la valentía, la coherencia y la determinación mostrada por todas las personas y comunidades que presentaron sus testimonios, a pesar del contexto de violencia estructural que condiciona su vida cotidiana. Han sido una representación viva y diversa de la dignidad de los pueblos de México.

El Tribunal llama a los grupos y organizaciones promotores de este Capítulo México a continuar con los trabajos y a documentar nuevos casos que permitan al Tribunal seguir profundizando en el análisis del caso México en las audiencias que se desarrollarán en los próximos meses.

A su vez, el Capítulo México del Tribunal se compromete a suministrar en el futuro nuevos elementos de prueba que contribuirán a la Audiencia Nacional

 

 

Anexo

 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, CAPITULO MÉXICO

Audiencia temática

Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos

19, 20 y 21 de noviembre de 2013

 

PROGRAMA

 

Martes 19 de noviembre

Inauguración

9:00Llegada y registro de participantes

11:00 – 11:15 Instalación y bienvenida de la Audiencia temáticaRamón Vera Herrera

11:15– 11:50Presentación de los trabajos y el proceso de la Audiencia temática sobre maízJosé Godoy, Red en defensa del maíz

PRESENTACIÓN DE LAS ACUSACIONES DE LA AUDIENCIA TEMÁTICA

12:00 – 12:40Violencia contra el Maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos  Ramón Vera Herrera   a)  Los devastadores efectos  de una guerra sostenida contra la subsistencia de los pueblos b) Destrucción de la economía del maíz en México, exterminio de la agricultura nacional, del sector campesino y enajenación de la soberanía alimentaria

12:40- 13:00 Preguntas de los jueces

Pausa 15 min

PRESENTACIÓN DE LOS CASOS

COLISIÓN CAMPO – CIUDAD

13:15 – 13:30Acusación del caso particular de la pre-audiencia celebrada en Tepoztlán, Morelos, Colisión campo-ciudad. Pedro Flores

13:30 – 13:45Caso Despojo de tierras comunales y devastación ambiental. Comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos. A cargo de tres comuneros

13:45 – 14:00Caso Destrucción de las fuentes de agua, el bosque y la vida campesina. Comunidad indígena de San Pedro Atlapulco, Estado de México. A cargo de dos comuneros

14:00 – 14:15Caso Afectación integral al territorio. Destrucción y devastación de las fuentes y medios de subsistencia (agua, salud, invasión y acaparamiento del territorio, bosque). A cargo de la Coalición en defensa de la cuenca de la Independencia, Guanajuato, Abel Suaste

14:15 – 14:30Caso Despojo e Invasión del territorio comunitario e indígena. Comunidad indígena de Mezcala,  Jalisco. A cargo del señor José Paredes

14:30 – 14:45Caso Destrucción de la vida campesina en la ciudad, despojo y contaminación del territorio y agua. Comunidad de San Nicolás Totolapan, Estado de México. A cargo del señor Jamin Muciño

14:45-15:00Preguntas de los jueces

15:00 – 16:00 Comida

TERRITORIALIDAD, SUBSISTENCIA Y VIDA DIGNA

16:00 – 16:30Acusación del caso particular de la pre-audiencia celebrada en San Isidro, Jalisco, Territorialidad, subsistencia y vida digna. A cargo de David Sánchez

16:30 – 16:50 Caso Acaparamiento y despojo de tierra y territorio y contaminación con agrotóxicos por  empresas trasnacionales, migración forzada. Comunidad indígena de San Isidro, Jalisco.  A cargo de José Araiza, Raúl de la Cruz, Martha de la Cruz

16:50 – 17:10Caso Ataque integral al territorio wixárika (invasión, planes y programas de gobierno)  y la resistencia. Comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco. A cargo de Eutimio Díaz Bautista

17:10 – 17:30 Caso Simulación legal de la protección de la diversidad del maíz en México. Asociación civil Grupo de estudios ambientales. A cargo de Cati Marielle

17:30-17:45Caso Ataque a la vida campesina digna: la situación de los jóvenes y la destrucción de las posibilidades de elegir ser campesino. Colectivo Juxmapa y Caracol psicosocial. A cargo de Anaí Robles Sánchez, Jaqueline Sánchez, David Sánchez Sánchez y Lucero Sánchez Sánchez

17:45 – 18:00 Caso Políticas de exterminio del futuro indígena y campesino. Caso Tarahumara. Proyecto de Fe compartida en la Sierra Tarahumara, Chihuahua. A cargo de Guillermo Palma

18:00 – 18:15Caso Violencia Obstétrica. Invasión del territorio más primero.Red jalisciense por un parto humanizado. A cargo de Paola Jiménez

18:15-18:40 Caso Contaminación del agua y los cultivos en Zumpango. Unidad de Riego Plan Xalpilla, Estado de México. A cargo de Jimm Godinez

18:40- 19:00   Preguntas de los jueces

Miércoles 20 de noviembre

CONTAMINACION TRANSGENICA DEL MAIZ EN EL CENTRO DE ORIGEN MUNDIAL

9:30 – 10:00Acusación del caso particular de la pre-audiencia celebrada en la ciudad de Oaxaca, Contaminación transgénica del maíz nativo. Espacio estatal en defensa del maíz nativo. A cargo de Armando de la Cruz

10:00 – 10:20 Caso Contaminación de las variedades campesinas con maíz transgénico. Historia y agravios. Comunidad zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca. A cargo de Gabriela Linares Sosa

10.20- 10:40Caso Destrucción del maíz nativo por la contaminación transgénica. Evidencias de la destrucción de una propuesta civilizatoria (deformaciones en las milpas). Región de Valles Centrales, Agencia de El Porvenir, Municipio de San José el Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca. A cargo de Josefina Santiago Santiago

10:40 -11:00Caso Contaminación transgénica del maíz campesino en la Sierra Sur de Oaxaca. San Sebastián Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, Oaxaca. A cargo de Claudio Ramírez Pascual

11:00 -11:20Caso Contaminación transgénica del maíz campesino en la región Mixteca. Región mixteca, Celestino Rodríguez, con el testimonio de Juanita Vázquez

11.20-11:40 Caso Contexto corporativo de la contaminación transgénica. Acción y omisión de instancias internacionales. Grupo ETC-México. A cargo de Verónica Villa

11:40-12:20Preguntas de los jueces

Pausa: 20 min

POLITICAS DE EXTERMINIO CONTRA EL PUEBLO MAYA

12:20-12:50Acusación del caso particular de la pre audiencia Políticas de exterminio contra el Pueblo Maya, celebrada en Maní, Yucatán. A cargo de Organización campesina Ka’ Kuxtal Much Meyaj, Álvaro Mena

12:50-13:10Caso Proyectos turísticos y despojo de tierras en la comunidad de Bacalar, Quintana Roo, Agripino Rodríguez Morales

13:10-13:30Caso Urbanización salvaje y despojo de tierras en Ebulá, Campeche. A cargo de Álvaro Mena

13:30-14:00Caso Calakmul/Destrucción de los medios de vida de los apicultores en la Península de Yucatán por la extensión de la soya y la introducción de la soya transgénica. A cargo de Jorge Alberto Pech Martín

14:00-14:30Preguntas de los jueces

14:30-16:00 – Comida

ARGUMENTOS CIENTIFICOS SOBRE CULTIVOS TRANSGENICOS EN MEXICO, CON ENFASIS EN EL MAIZ

16:00-16:30Acusación del caso particular de la pre-audiencia científica celebrada en Ciudad Universitaria, México, Cultivos transgénicos: el caso de México con énfasis en el maíz. A cargo de la Unión de científicos comprometidos con la sociedad, Dr. Antonio Turrent, INIFAP.

16:30-16:50 Caso Alternativas no Transgénicas para una Agricultura Soberana y Sustentable en México. A cargo del coordinador del Programa de agricultura y alimentación de la UCSS, Dr. Alejandro Espinosa

16:50-18:10Caso Evidencia Científica de la Contaminación Transgénica del Maíz en su Centro de Origen y Diversidad: México. A cargo del asesor académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Dr. Antonio Serratos

18:10-18:30 Caso Entorpecimiento e incapacidad técnica por parte del Gobierno Mexicano en materia de bioseguridad: evidencias científicas. Instituto de ecología de la UNAM, Dra. Elena Álvarez Buylla

18:30-19:00Conclusiones a cargo de la Red en defensa del maíz en voz de Guillermo Palma y Ramón Vera

19:00-19:30Preguntas de los jueces

Jueves 21 de noviembre

11:00 – 14:00 Conferencias e intercambios con el público: Libre comercio, agresiones y resistencias contra la invasión del maíz transgénico   Panel con Silvia Ribeiro (Grupo ETC México), Antonio Turrent (UCCS), Jóvenes ante la emergencia nacional y Red en defensa del maíz   Presentación de la post-audiencia Programas de gobierno como forma de destrucción de la vida colectiva en México

16:00 – 17:30 Lectura del Dictamen por parte del Jurado

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