El día de hoy, 19 de diciembre de 2014, a las 11:15 am, Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de octubre), fue detenido cuando asistía a una reunión concertada con el secretario de gobernación municipal, Guillermo Arechiga, para tratar el asunto del desalojo de los compañeros de Plaza Los Gallos. Al llegar a las escaleras de la Secretaria de Gobernación del Municipio de Puebla, alrededor de 10 a 12 hombres y 2 a 3 mujeres, detuvieron, sin orden de aprehensión y de manera violenta, al asesor general de la UPVA 28. Fue llevado e introducido de manera violenta a un automóvil marca Jetta color negro, sin placas de circulación y llevado a la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebl. A las 3 pm, fue trasladado al Penal de San Miguel, sin mediar ningún proceso, es acusado de secuestro y robo de auto.

Recordemos que el hostigamiento en contra de Simitrio, su familia, las compañeras y los compañeros de la organización UPVA 28 de octubre y el Mercado Hidalgo, por parte del gobierno de Puebla, no data de hoy.

Desde la misma detención arbitraria, hace más de 25 años, de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, víctima de desaparición forzada, tortura y prisión por motivos políticos, del 1989 a 2001, siendo excarcelado bajo condiciones ilegales, como no poder residir ni visitar el Estado de Puebla y mantenerse firmando hasta el 15 de febrero de 2015; hasta las amenazas del gobernador Rafael Moreno Valle y su Secretario General de Gobierno Luis Maldonado Venegas, a principios de 2014, en contra de Simitrio y los miembros de la UPVA 28 de octubre, de invadir y ocupar el Mercado Hidalgo con la policía, todo el año ha sido de tensión.

En efecto, en febrero pasado el Secretario General de Gobierno afirmó categóricamente que “en el mercado Hidalgo se vende más del 80% de toda la droga que circula en Puebla, se venden armas y mercancía robada”, sin precisar cual, le dijo a Simitrio “uno de tus hijos está involucrado en la venta de protección a los narcotraficantes”, y remató diciendo “el gobierno del estado no exige subordinación ciega, pero sí total, absoluta”, como la “28” respondió que las imputaciones son falsas, que cuando quiera el gobierno se pueden hacer las verificaciones que sean necesarias para demostrar la falsedad de sus afirmaciones, y que la “28” no trabaja para el gobierno ni gobernante alguno en particular, pero que sí ha trabajado, y está a dispuesta a hacerlo, como cuando logró hacer que el gobierno construyera la central de abastos, la central camionera, los mercados de apoyo, diversas vialidades como el periférico, avenida nacional, etc., que derivaron en beneficios para los habitantes de Puebla en general, para el gobierno y para la UPVA en particular. Maldonado Venegas respondió que en un plazo de cien días el gobierno decidiría qué hacer con la “28”.

Luego ocurrieron los conflictos de los mototaxistas, el Hospital del Niño Poblano, el SUTISSSTEP, los pobladores afectados por el Proyecto Integral Morelos, las reformas a la Ley Orgánica Municipal que despoja a las Presidencias Auxiliares del servicio del Registro Civil e inicia el proceso para extinguir a las Juntas Auxiliares como etapa de transición de pueblos originarios a municipio y que suscitó la criminal represión contra los pobladores de Chalchihuapan el 9 de julio en la que el gobierno asesinó al niño José Luis Tehuatlie Tamayo y mutiló a varios pobladores, las expropiaciones y despojos para el parque de las siete culturas, etc., etc., todo lo cual ha dado lugar a la creación y desarrollo del ahora llamado FOSYPPUE. Frente que el 18 de septiembre y el 18 de noviembre realizó las más grandes manifestaciones habidas en Puebla en los más recientes años, y en las que la “28” ha movilizado a uno de los más grandes contingentes (al grado de que el gobierno la considera la “columna vertebral” del frente).

En la madrugada del viernes 28 de noviembre decenas de policías ministeriales embozados en capuchas negras y pertrechados con armas de alto calibre y perros catearon la casa de los hijos de Simitrio, destruyeron la puerta, vidrios, ventanas y muebles, tiraron al piso a los moradores apuntándoles a la cabeza con fusiles de asalto, sembraron bolsitas con droga en una pequeña maleta que se llevaron y que contenía una iPad, el acta de nacimiento de Rubén Sarabia Reyna —hijo de Simitrio— y 45 mil pesos en efectivo para pagar mercancía que todos los viernes y lunes compra para surtir sus puestos de ropa, y se llevaron en calidad de presentadas a la mamá de Rubén, Irma Reyna Martínez, a su hermana Claudia Alejandra López Reyna y a Juan Pablo Arroyo Fuentes, esposo de su sobrina Viridiana.

En las instalaciones del llamado “C4”, en el curso de las gestiones para liberar a los detenidos, se supo que desde 2013 el gobierno está armando cuatro averiguaciones previas, tres por narcomenudeo y otra por homicidio, contra los hijos de “Simitrio”: Atl Tonatihu Rubén y Xihuel Sarabia Reyna, dejando abierta la posibilidad de involucrar a cuantos más se le ocurra pues luego de los nombres señalados agrega las leyendas de “y otros” o “más los que resulten responsables”.

Y ahora no es nada extraño ni sorprendente que el gobierno concrete las amenazas hechas en febrero por Luis Maldonado con la integración de las cuatro averiguaciones previas hasta ahora conocidas contra los hijos de Simitrio —al mismo Simitrio no lo dejaron firmar en septiembre y ahora en noviembre—, además de que desde hace dos años le abrieron un proceso penal en Tlaxcala como presunto responsable del delito de despojo de tierras, cuestiones con las que el gobierno podría regresarlo a prisión a terminar de compurgar la sentencia de 121 años y medio que le impuso, y de los cuales estuvo 12 años confinado en San Miguel y los penales de alta seguridad en Puente Grande, Jalisco, y del Altiplano, Estado de México, las condiciones extracarcelarias se vencen en la última semana de enero, pero por lo visto el gobierno no quiere otorgar la plena e incondicional libertad a Simitrio.

Exigimos la libertad inmediata de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”.

Exigimos al gobierno de Puebla el cese de la represión en contra de la UPVA 28 de octubre.

Responsabilizamos al gobierno de Puebla y al gobierno federal por cualquier acto o daño en contra de Simitrio, su familia y los miembros de la UPVA 28 de octubre.

Exigimos la liberta inmediata de los más de 72 activistas que este año han sido encarcelados por encabezar actos de protesta en el estado de Puebla.