Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
10 de julio de 2015
El día de ayer, jueves 9 de julio de 2015, Enrique Peña Nieto publicó un decreto expropiatorio de 37.9386 hectáreas de tierras de “agostadero de uso común de la comunidad San Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción”, en el municipio de Lerma, estado de México, a solicitud del organismo Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), con el fin de destinar las tierras a la construcción de la autopista de cuota Toluca-Naucalpan que actualmente realiza, de manera ilegal la empresa Autovan, una empresa subsidiaria del Grupo HIGA (propiedad del empresario predilecto del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú), la cual pretende vincular el norponiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con el Aeropuerto de Toluca, administrado mayoritariamente por la otra gran beneficiaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, la española OHL (Obrascón Huarte Laín), bien conocida por sus escándalos de corrupción en el estado de México y el Distrito Federal.
El decreto expedido por Peña Nieto exhibe la ilegalidad del procedimiento expropiatorio en virtud de que:
1) Desconoce todos los procedimientos jurídicos que han interpuesto los comuneros y pobladores opositores al proyecto carretero desde su inicio.
2) Miente al afirmar que se notificó a la comunidad a través del Comisariado de Bienes Comunales, el pasado 9 de febrero y que ésta no presentó inconformidad alguna, cuando la oposición de la comunidad de Xochicuautla se ha expresado públicamente, mediante procedimientos jurídicos y ha sido reprimida en varias ocasiones, no sólo en 2015, sino durante los últimos ocho años.
3) El presunto proceso de “consulta”, la cual se asegura en el decreto que se realizó los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio [de 2015] (supuestamente en cumplimiento de los artículos 1 y 2 constitucionales y del Convenio 169 de la OIT), ocurrió sólo en el papel. Además de ser inexistente esta supuesta consulta, el decreto expropiatorio interpreta falazmente y violenta los principios de la consulta libre, previa, informada, adecuada y de buena fe, por el simple hecho de que la consulta debió hacerse no cuando estaba el gobierno a punto de expropiar las tierras, sino con anterioridad incluso al anuncio de las intenciones de construir este ilegal proyecto carretero, por lo cual la consulta que Peña Nieto alega que se realizó, en sí constituye una violación de este derecho fundamental de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, un daño irreparable a la comunidad, puesto que, en junio de 2015, no puede decirse que la consulta se hace previamente (y mucho menos es libre, informada, adecuada o de buena fe), siendo que las obras se están realizando desde tiempo antes de que la “consulta” ocurriese, mediante el uso recurrente de la fuerza pública, la criminalización de la protesta y la intimidación a los habitantes de la comunidad de San Francisco Xochicuautla y de varias otras de la región (La Concepción Xochicuautla, Huitzizilapan, Santa Cruz Ayotuxco, etcétera).
4) Enrique Peña Nieto expide el decreto expropiatorio avalando un acto criminal, tipificado por las leyes penales como despojo, en tanto que reconoce, en su resultando tercero, que la superficie expropiada ya “se encuentra ocupada por el organismo Sistemas de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM)”. En otras palabras, se están expropiando tierras ocupadas ilegalmente por SAASCAEM y el Grupo HIGA antes de que se consultara a la población, desconociendo la oposición al proyecto, así como los procesos jurídicos abienrtos, y mediante el uso de la fuerza. El decreto sólo busca legalizar una ilegalidad previamente cometida por las autoridades del Gobierno Federal (instancia que autorizó el proyecto), el gobierno del estado de México y, por supuesto, las empresas beneficiarias del proyecto.
5) Una evidencia más de la ilegalidad del decreto expropiatorio consiste en que, como consta en el sexto considerando del decreto expropiatorio, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) emitió una opinión favorable a la expropiación el 25 de septiembre de 2014, esto es, ¡un día antes de que SAASCAEM solicitara la expropiación! Por supuesto, nada de esto se informó a la comunidad de San Francisco Xochicuautla durante la supuesta consulta de junio de 2015.
Durante al menos los últimos ocho años, la comunidad de San Francisco Xochicuautla y varias otras en la región de Lerma, han denunciado en todo tipo de foros, han promovido acciones jurídicas, han apelado a tribunales éticos y formales y han generado conciencia pública sobre los devastadores efectos ambientales y sociales que tendrá la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en su calidad de vida y en la de millones de personas en los valles de Toluca y de México, por la destrucción del bosque otomí-mexica y su significado para la captura de carbono, para la conservación de la biodiversidad, su cultura como pueblo indígena y la captura de agua, la cual es enviada, en parte, para el abasto urbano de la ciudad de México. El decreto expropiatorio viola flagrantemente el derecho del pueblo otomí a decidir sobre su territorio y sus modos de vida. El proyecto carretero, como lo han denunciado los pueblos de la región de Lerma, carece de toda utilidad pública, porque existen ya suficientes rutas que conectan el valle de México con el de Toluca y su aeropuerto. Más bien, este proyecto es el anuncio de futuros despojos para abrir nuevos espacios de negocios para Peña Nieto con el Grupo HIGA y OHL, que van desde el tren interurbano hasta la especulación inmobiliaria.
Entre 2013 y 2014, cinco distintos grupos de dictaminadores expertos, nacionales y extranjeros, se pronunciaron respecto a la ilegalidad, a las violaciones de derechos individuales y colectivos y a las afectaciones ambientales y sociales del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos. Innumerables organizaciones sociales y civiles, lo mismo que comunidades indígenas, pueblos y organizaciones vecinales urbanas han expresado su solidaridad con la comunidad de Xochicuautla y, por derecho propio, en oposición a este proyecto carretero, porque de ningún modo su construcción obedece a razones de verdadera utilidad pública, sino al lucro privado de los socios de quien hoy detenta la presidencia de la República. En un Estado plenamente democrático, todos y cada uno de los contratos, concesiones y proyectos otorgados al Grupo HIGA y a OHL serían, al menos, suspendidos y sujetos a auditorías independientes, ya que existen motivos fundados para pensar que todas las irregularidades y delitos cometidos por estas empresas se repiten cabalmente en cada uno de los proyectos en los que están involucradas y que en todos ellos cuentan con la complicidad de las autoridades, empezando por la Presidencia de la República y sus secretarías de Estado (Sedatu, Semarnat, SCT, Procuraduría Agraria, etc.), continuando con los gobernadores de los estados y culminando con las autoridades municipales y agrarias en el ámbito local.
En todo este tiempo, el gobierno del Distrito Federal ha guardado un silencio cómplice con el despojo que hoy sufre San Francisco Xochicuautla. Después de más de 60 años de beneficiarse con el agua saqueada a los pueblos indios de la región de Lerma, las autoridades capitalinas muestran, una vez más, que su lealtad está con el régimen criminal de Enrique Peña Nieto y no con aquellos a quienes se ha despojado por tanto tiempo sin reconocimiento alguno. Dado que ya se anunció que ahora el despojo de agua para la ciudad de México provendrá del río Tecolutla, la sierra norte de Puebla y el valle del Mezquital, la ya saqueada región de Lerma aparece ahora como botín inmobiliario de empresarios y políticos que tal vez mañana apoyen la candidatura presidencial de Miguel Ángel Mancera.
El proyecto carretero Toluca-Naucalpan es ilegal e ilegítimo desde su concepción, pero lo es más desde que inició su construcción. Seguramente aumentará el inventario de casas blancas de quien hoy usurpa la representación presidencial, como premio por desviar el poder del Estado y retorcer la ley hasta el extremo de entregar a su amigo Hinojosa el patrimonio de los pueblos y las condiciones fundamentales de futuro para el país.
Por todo lo anterior, exigimos:
- Cancelación oficial y definitiva del proyecto carretero Toluca-Naucalpan
- Anulación del decreto expropiatorio en San Francisco Xochicuautla
- Restitución de los derechos fundamentales de la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla y la reparación integral de los daños sociales y ambientales causados a ella ilegítima e ilegalmente
- Cese de la criminalización de los comuneros y pobladores opositores al proyecto carretero Toluca-Naucalpan
- Cárcel a Juan Armando Hinojosa Cantú y Eruviel Ávila por la ocupación ilegal de tierras en Xochicuautla.
- Moratoria de todos los proyectos de despojo territorial en el país.
