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A los Centros de Derechos Humanos
A l@s estudiantes y académic@s
Desde hace siete años la comunidad indígena Ñätho de San Francisco Xochicuautla se encuentra en lucha por la defensa de su territorio ante la imposición del proyecto carretero Toluca-Naucalpan, el cual responde a una estrategia de gran escala para el traslado de mercancías provenientes de Estados Unidos por el territorio mexicano, que es utilizado como patio de maniobras para el beneficio de intereses económicos y políticos de unos cuantos.
Este proyecto ha sido respaldado y promovido por los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) y operado por la empresa AUTOVAN, S.A. de C.V. Todos ellos, en conjunto, han violentado de manera sistemática y permanente las leyes y los derechos humanos de los pueblos y comunidades que habitan dentro del trayecto carretero proyectado.
Dichas violaciones han consistido en el incumplimiento de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que protegen a los pueblos y comunidades indígenas y agrarias de México. Entre ellas se encuentran: la manipulación, control y asedio de sus asambleas agrarias; la corrupción de delegados y comisariados de bienes comunales; la compra ilegal de territorio a través de engañosas ofertas de dinero a cambio de la cesión de derechos agrarios y de propiedad privada, aprovechando la falta de recursos de algunos pobladores; así como hostigamientos, amenazas y represión constantes mediante la presencia de cuerpos policiacos y granaderos, quienes amedrentan la participación libre y autónoma en las asambleas e infunden temor a la población.
Ejemplo de esto último es que, durante la Asamblea agraria llevada a cabo el 14 de abril de este año para la elección del nuevo comisariado de bienes comunales, la presencia de granaderos duplicó al número de comuneras y comuneros participantes. Además, durante el desarrollo de la misma, los accesos carreteros a la comunidad fueron bloqueados, incomunicándola, y se sometió a revisión a cualquier persona que pretendiera llegar al sitio bajo el pretexto de un operativo de seguridad desproporcionado e infundado.
El 14 de mayo del 2103, en un evidente acto de provocación, el Estado mexicano agredió a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla con el propósito de detener y desintegrar su lucha. Catorce personas de la comunidad fueron injustamente aprehendidas por oponerse de manera pacífica a la destrucción de sus cultivos cuando éstos eran devastados por la maquinaria de construcción, así como por ejercer de manera legal y legítima sus derechos de acceso a la información y consulta respecto al proyecto. Se violaron también sus derechos de debido proceso para ser notificados sobre el mismo, de participación en la toma de decisiones respecto de su territorio, de garantía a un ambiente sano y de autodeterminación sobre sus formas y procesos de desarrollo.
Como si no bastara con lo anterior, tanto el traslado como los procesos de integración de la Averiguación Previa estuvieron plagados de irregularidades.
Durante el traslado, las y los detenidos se vieron expuestos a agresiones verbales y amenazas. En el trayecto se les impidió ver el camino, por lo que desconocían que se les estaba llevando a la Procuraduría del Estado de México en la ciudad de Toluca, y no a Lerma como correspondía. Una vez en Toluca, se les privó de agua y alimento hasta aproximadamente las 11:00 p.m, sin permitirles comunicación con sus familiares; durante su estancia las amenazas e intimidaciones fueron constantes. El día 15 de mayo, aproximadamente a las 6:00 p.m., se les trasladó a Lerma, en donde se les sometió a una revisión de rutina bajo condiciones deplorables y de hacinamiento.
No obstante estas violaciones y que el procedimiento de Averiguación Previa no había concluido, y que, por ende, no se había demostrado ninguno de los hechos por los que se les acusaba, mediante una maniobra tramposa por parte de las autoridades, a la mayoría de ellos se les condicionó el perdón y, por consiguiente, su libertad, a la firma de convenios conforme a los cuales se comprometían a no participar en ninguna acción en contra de la imposición del proyecto carretero, coartando de tajo y de plano su derechos a la libertad de expresión y de protesta.
A un año de esta ilegal e injusta acción en contra de la comunidad, llevada a cabo por las autoridades en contubernio con la empresa, la indignación sobre tales hechos no nos es indiferente y sigue viva en la memoria de los pueblos, organizaciones, grupos y personas que acompañamos el proceso de defensa del territorio de la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
Por lo anterior, el Comité de Apoyo en Defensa del Bosque Otomí-Mexica, manifiesta:
Que nos pronunciamos a favor de la vida y la libertad de la comunidad indígena Ñätho.
Repudiamos las malas acciones del gobierno, las maniobras ilegales e injustas del Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades, así como la ambición asesina de la empresa AUTOVAN.
Denunciamos el acoso y hostigamiento constante y agravado en contra de las personas que ejercen su derecho de manifestación y resistencia al proyecto carretero.
Reivindicamos el ejercicio real de los derechos de los pueblos de México para su autodeterminación, su participación en la toma de decisiones respecto a los proyectos mal llamados de desarrollo, la autonomía y libertad de sus asambleas, así como el respeto a su territorio y su cultura.
Refrendamos nuestro apoyo total y solidario con su movimiento de resistencia en contra de este megaproyecto de muerte.
Convocamos a toda persona, colectivo u organización para que comparta la indignación ante el despojo y se solidarice con las luchas de los pueblos de México, que son las luchas de todos y todas.
¡XOCHICUAUTLA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!
POR LA CANCELACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DEL PROYECTO CARRETERO TOLUCA-
NAUCALPAN.
COMITÉ EN DEFENSA DEL BOSQUE OTOMÍ-MEXICA
Comunidad Indígena Ñätho de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México
14 de Mayo del año 2014