Respuesta a los legisladores que aprueban el gasoducto en Huexca, Morelos

ASAMBLEA SOCIAL DEL AGUA, CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO,

 ECOTUZUAPAN, A.C.

FRENTE NACIONAL DE ORGANIZACIONES Y PUEBLOS EN LUCHA,

LOS DE ABAJO,  UNIÓN CAMPESINA DEMOCRÁTICA,

Con base en el  desplegado “El proyecto del Gasoducto Morelos Seguro y Viable”, publicado en varios medios impresos de comunicación el día lunes cinco de mayo de 2014, conforme al artículo 6º de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos corresponde por derecho propio  dar respuesta a los puntos:

·         El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el  Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)consideran que el proyecto no es viable ni procedente, ya que el trazo del  gasoducto está dentro del área de riesgo del volcán Popocatépetl, zona peligrosa por la actividad natural de la elevación, ya que debajo del área donde atravesará la tubería del gasoducto, podrían –ante una erupción– correr flujos de lava y piroclásticos, además de la caída de material volcánico y derrumbes  lo que conlleva a poner en máxima alerta a la población  que radica en los municipios de  Huejotzingo, San Pedro Cholula, San Jerónimo Tecuanipan, Santa Isabel Cholula, Ocoyucan, Atlixco, Nealtican, Atzitzihuacan, Huaquechula, Acteopan, Cohuecan y  sus consecuencias para Puebla capital y zona conurbana.

·         En Cupreder integra  el   Ordenamiento Ecológico Territorial, único en el país por abarcar tres estados y señala un radio de 30 kilómetros como zona de restricción, en el  cual, éste tipo de obras quedan excluidas por lo que se eleva el ordenamiento a rango de ley, mismo que está obligado a observarse.

·         En  el oficio H00–DG/1091/2011, que puede ser consultado en la Secretaría del Medio Ambiente Federal (Semarnat) se dice que la cercanía del Gasoducto con los flujos de lodo caliente (lahares), coloca en mayor peligro al municipio de Atlixco debido a su cercanía al Popocatepetl y revela que 107 kilómetros del gasoducto pasarían por zona de peligro moderado del volcán Popocatépetl, donde existe la posibilidad de la caída de material volcánico.

·         Quienes subscriben el desplegado, en su miopía y entreguismo político, suponen que el respaldo social consiste en pagar indemnizaciones, lo cual no está demostrado, pero si incumplen con lo establecido en los artículo 6º y 7º del acuerdo 169 de la OIT que establece el derecho a la  consulta libre, previa e informada de los pueblos interesados que se asientan en los territorios mencionados, además de negarles “el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo…”

·         Las obras de beneficio social que han implementado en la zona crítica, al no estar comprendidas dentro de una planeación estratégica, no contribuyen a elevar cualitativamente la calidad de vida y desarrollo humano integral. Según la Comisión Federal de Electricidad se crearán  1800 empleos de manera temporal durante la etapa de construcción y 30 empleos permanentes. ¿en qué se beneficia la población?

·         Respecto a los “beneficios” que traerá a la industria poblana es discutible, debido a que la finalidad de la construcción del gasoducto Morelos es  alimentar con gas natural  dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca a cargo de la empresa  española Abengoa, contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).)  Las plantas termoeléctricas son consideradas fuentes importantes de emisiones atmosféricas y pueden afectar la calidad del aire en el área local o regional. La combustión que ocurre en los proyectos termoeléctricos emite dióxido de sulfuro (S02), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (C02) y partículas (que pueden contener metales menores), lo que provocará  lluvia ácida y efecto invernadero, entre cosas.

·         Se desconocen a la fecha los términos prácticos en que será beneficiada la  industria poblana, lo que sí  consta, es la  sumisión del   ejecutivo federal y estatal a los  acuerdos cupulares con la oligarquía internacional como parte de las reformas constitucionales neoliberales .

·         Legisladores y legisladoras que se pronuncian por la viabilidad del proyecto, evidencian su falta de lectura de los diversos  resolutivos, documentos, dictámenes e investigaciones  realizadas por universidades nacionales y extranjeras. Es  penoso que basen su aprobación del  Proyecto del Gasoducto Morelos  a una mera exposición simple, sin realizar una revisión profunda sobre las  consecuencias sociombientales.

·         La ignorancia del legislativo federal sobre el proyecto del Gasoducto Morelos, es notorio también, en la  falta de precisión sobre  el impacto económico y social, omitiendo  deliberadamente  destacar que el proyecto gasoducto Morelos no promueve  el desarrollo humano y mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio afectado.

 ·            En primera instancia, quienes suscriben el desplegado, no hacen una lectura puntual de  lo establecido en elProtocolo de Estambul, al violentar  las circunstancias  de la detención de las personas que se oponen al Proyecto del Gasoducto Morelos.

 ·            El llamado  que hacen los legisladores y legisladoras  del gobierno federal a la Opinión Pública para desacreditar el movimiento opositor al proyecto gasoducto Morelos es difamante al sostener  “ no dejarse engañar, por quienes, han sembrado temor e incertidumbre en los ámbitos académicos y productivos del Estado, bajo supuestas campañas de persecución política”  y trata de ocultar el hostigamiento y persecución de que son víctimas distintos líderes sociales y académicos que se pronuncian para destacar los efectos negativos de la implementación de tal proyecto. Agudizan  la represión y legitiman la violación infraganti de  los  artículos 1,  2, Apartado B;  6, 7, 8, 9, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  entre otros.

 ·             Legisladores y legisladoras con su “llamado a la opinión pública”,  contravienen    los tratados internacionales aceptados por nuestra nación: Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,  Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos En Materia de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales ”Protocolo De San Salvador” (Artículo 11); Convención Interamericana Para Prevenir Y Sancionar La Tortura (OEA, Cartagena de Indias, Colombia, 9 de diciembre de 1985)  y más.

 ·            Niegan la garantía  a los hombres y mujeres que se oponen al gasoducto, al goce de sus derechos civiles y políticos enmarcados en el Artículo 3  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sumándose a la campaña de criminalización de la protesta social.

 ·            Sus declaraciones tienden  más  al  cotilleo de pasillo,  que a un pronunciamiento serio con calidad política de altura.

 ·      Obvian las declaraciones públicas de quienes se han visto afectados en su vida personal y profesional al ser perseguidos, acosados y agredidos de manera verbal, psicológica, moral y política, por exponer la evidencia de  investigaciones científicas que no aprueban el proyecto gubernamental y por manifestar su oposición de manera pública.

·         Acusamos a los 61 firmantes del desplegado de deliberar a la ligera que el Proyecto del Gasuducto Morelos es seguro y viable; sin consultar  previamente a los pueblos de la zona crítica, revisar los estudios científicos, escuchar las voces opositoras dentro del marco de los derechos humanos.

·         Denunciamos a los 61 firmantes del desplegado de contribuir a un régimen de terror contra quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos.

·         Es imperioso que los legisladores y legisladoras suscritos; representen al pueblo que les dio su voto, y que eviten autorizar proyectos que van en detrimento del medioambiente y  del rompimiento del tejido social.

·         Los legisladores y legisladoras federales y estatales, olvidan su papel como representantes populares, asumiéndose como Ministerio Público y jueces a la vez, condenando a la parte opositora al proyecto a la cárcel y silenciando las voces críticas; además de  desatar en su contra  una cacería de brujas.  Situación que solo puede obedecer a  un Estado autoritario y dictatorial, ajeno a lo que marca la Carta Magna que nos rige como país democrático.

·         Acusamos a los gobiernos federal y estatal de  beneficiar con el Proyecto Integral Morelos, que incluye el proyecto gasoducto,  a doce empresas españolas (Abengoa, Elecnor, etc.),  endeudando  al país con un   crédito total de 200 millones de dólares: cien millones del banco público mexicano Banobras; cincuenta millones del banco privado Banamex-Citigroup; y la financiación de los cincuenta millones restantes que cubrirá el FIEM en condiciones de préstamo reembolsable.

·         Por último, llamamos a un debate público a los diputados/as, senadores/as y funcionarios/as federales y estatales sobre el Proyecto Integral Morelos.

Puebla de Zaragoza, mayo de 2014