El símbolo más ominoso y cruel del proceso de descomposición política y social en México reside en los más de 50 mil asesinatos y más de 18 mil desapariciones forzadas ocurridos en los cinco años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estos crímenes aumentan rápidamente sin que se realice ninguna investigación real sobre su causa y sin que las autoridades construyan siquiera un registro confiable de las víctimas. El territorio nacional se balcaniza en una guerra sin fin entre las facciones de los grupos criminales y los nuevos grupos paramilitares que participan, tanto en el asesinato masivo de personas como en 22 de los 23 ramos de la economía criminal lo que les permite concentrar alrededor del 40% de la producción bruta del país. Durante las administraciones federales anteriores y la actual han ocurrido numerosas agresiones y hechos cuyas víctimas jamás han recibido justicia de parte de las autoridades locales o federales: desde las víctimas de las masacres de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, hasta los 49 niños calcinados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, pasando (entre muchos otros casos) por la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero (1995), las múltiples masacres y agresiones paramilitares ocurridas como parte de la guerra de contrainsurgencia contra las bases indígenas zapatistas, especialmente la masacre de Acteal, en 1997, o la represión policíaco-militar llevada a cabo por el gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra el pueblo de San Salvador Atenco, en 2006. Igualmente, el país ha entrado en un proceso acelerado de militarización derivado de los acuerdos establecidos por el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos (Plan Mérida, ASPAN) para asegurar el control territorial del país frente a las respuestas organizativas de la sociedad.

ORGANIZACIONES PROMOTORAS

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (que está conformando expedientes de al menos 400 casos en todo el país), el Comité del 68, académicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y numerosas organizaciones civiles de derechos humanos, entre los que destacan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez., Red Izquierda Revolucionaria-MLN, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre , Organización Proletaria Emiliano Zapata (Chiapas), MLN Chihuahua, Consejo Coordinador Obrero Popular (Durango), Nación Tenek (San Luís Potosí), Nación Xi-Iuy (San Luís Potosí),  MLN (Michoacán), ATEM (Michoacán), Movimiento Democrático Magisterial del Valle de México-Sección XXXVI-CNTE-SNTE, Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.